La renovación de la negociación colectiva
Julián Ariza asegura que la principal virtud del acuerdo para la negociación colectiva que está vigente ha sido favorecer la escasa conflictividad. Lo contrario que ocurriría, sostiene el autor, si el Gobierno se empeña en reformarlo
El Acuerdo para la Negociación Colectiva de 2002 (ANC), suscrito por CC OO, UGT y CEOE el año pasado, prevé que en el último trimestre del año actual se proceda a considerar la conveniencia de prorrogarlo o renovarlo. Descartada la hipótesis de la prórroga -han ocurrido cosas muy serias en el campo laboral durante 2002-, queda la de su renovación, asunto que tiene la trascendencia que cada uno quiera darle.
El Gobierno otorga especial importancia a dicha renovación, hasta el punto de haber amenazado con que, de no producirse, procedería a modificar la normativa que regula la negociación colectiva, dando así a entender que la virtud fundamental que, erróneamente, le atribuye al ANC, esto es, la moderación salarial, podría obtenerse con esa reforma legislativa.
Una vez más hay que repetir que este Gobierno, pese a su signo político, lleva tiempo en que no da una a derechas. Le convendría entender que entre las virtudes del ANC no está precisamente haber posibilitado la moderación salarial. Por la sencilla razón de que tal moderación viene siendo una constante desde los tiempos de los acuerdos de La Moncloa para acá, tanto cuando ha habido pactos socioeconómicos como cuando no ha habido ninguno.
Sin necesidad de recurrir a las series estadísticas del último cuarto de siglo, con sólo reparar en la evolución de los salarios del último cuatrienio, se puede comprobar que las variaciones entre salarios e inflación real han sido mínimas. Las subidas medias en los convenios colectivos se han movido dentro de una horquilla que va del 2,72% en 1999 al 3,69% en 2001, incluidas las revisiones por desviación de las previsiones sobre precios. Para 2002 la cifra se situará ligeramente por encima del 3%.
En resumen, el comportamiento salarial ha sido prácticamente el mismo con ANC y sin ANC. Y esto es así porque los sindicatos son bastante más consecuentes que las patronales y el propio Gobierno en la defensa de una política que prioriza sobre todas las demás la lucha contra el paro y la estabilidad del empleo.
Lo dicho no aminora la importancia del ANC. La ha tenido para expresar la voluntad de mantener vivos los puentes del diálogo y la concertación social en un periodo donde el Gobierno había roto las reglas de juego de la concertación, convirtiéndola en un mero mecanismo de consulta sobre posiciones predeterminadas y amenazando con que, de no aceptarse sus propuestas, legislaría por su cuenta.
En este sentido, otra de las virtudes del ANC ha sido evitar que el año pasado el Gobierno cometiera la torpeza de poner en marcha la susodicha reforma de la negociación colectiva.
Pero quizá la principal virtud del ANC ha sido favorecer que el proceso de negociación de los convenios colectivos discurriera con escasa conflictividad. Exactamente lo contrario que sucedería si el Gobierno se empeñara en aplicar la reforma que viene apuntando.
Se mire por donde se mire, imponer una reforma a modo de trágala sobre los sujetos que tienen que llevarla a la práctica en lo fundamental es un disparate. Sus consecuencias en términos de conflicto social están cantadas, aparte de que, en estrictos términos económicos, podría ser incluso contraproducente. Pretender, por ejemplo, romper las pautas de ámbito sectorial a la hora de los ajustes salariales, remitiendo al nivel de cada empresa la decisión última, produciría un berenjenal laboral y social de primer orden, por cuanto daría pie a una acentuación de las desigualdades entre los trabajadores y en los términos de la competencia entre empresas de similar actividad, potenciando el desarrollo de una jungla en las relaciones laborales en la que imperaría la ley del más fuerte. Los resultados servirían para cualquier cosa menos para incentivar las inversiones y mejorar la eficiencia productiva de este país.
El Gobierno no debiera olvidar que hay acumulada una larga experiencia entre los interlocutores sociales en materia de negociación colectiva. Tampoco debiera olvidar que en este campo no se han producido distorsiones insalvables por causa de su normativa y que, como en otros campos de las relaciones de trabajo, los ajustes que valga la pena realizar deben serlo por consenso y para mejorar esas relaciones, no para empeorarlas.
Queda en el aire saber si habrá o no renovación del ANC. De momento es notorio que los sindicatos no muestran demasiado entusiasmo, no porque estén pensando en cambios sustantivos de su política salarial, sino porque consideran que la patronal viene adoptando posiciones descaradamente ventajistas y poco responsables, como lo demuestra su complicidad con las agresiones que el Gobierno le ha hecho a regulaciones laborales sobre las que había pacto anterior entre la CEOE y los sindicatos -sobre el despido, por ejemplo- y, sobre todo, porque compromisos asumidos en el ANC en cuanto a favorecer la contención de precios, mejorar la calidad del empleo, aminorar la siniestralidad laboral, etcétera, se han quedado en meros brindis al sol. De ahí que, como poco, un nuevo acuerdo exigiría que los compromisos fueran más tangibles y verificables, no sólo respecto de los salarios.