El FMI advierte que Argentina sigue sin cumplir ningún requisito para el acuerdo
Los amparos judiciales que frenen la salida de depósitos del corralito, el fin de la emisión de las pseudo monedas provinciales, un calendario para la reestructuración bancaria, mayor independencia para el Banco Central. Los mismos puntos de la negociación que se abrió en enero entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen sin resolverse. Y, con ello, las perspectivas de un acuerdo se aplazan sin fecha posible.
æpermil;sa fue la dura respuesta que ayer ofreció el FMI al Gobierno argentino respecto al borrador de la carta de intenciones que éste le hizo llegar al organismo.
La subdirectora del Fondo, Anne Krueger, pidió al titular de Economía, Roberto Lavagna, mayores precisiones sobre cómo se resolverá la salida del corralito financiero, punto clave para la supervivencia del sistema financiero y para miles de ahorradores argentinos. La número dos del organismo también expresó su preocupación por los fallos judiciales contra las subidas de tarifas y de impuestos acordadas entre el Gobierno y las empresas privatizadas y pidió la retirada de las leyes que penalizan a la banca. Como muestra de lo distantes que están las posiciones, el Fondo envió ayer una misión técnica al país para auditar la situación fiscal de las provincias, porque recelan de que las promesas de ajuste presupuestario se hayan cumplido.
Como punto positivo, Krueger valoró la propuesta de crear una unidad de reestructuración bancaria, aunque los planes de Lavagna al respecto son aún bastante vagos. El Gobierno volverá a reunirse hoy con los bancos extranjeros para presentarles sus planes, que, según apuntaba ayer la prensa local, obligaría a los bancos a distinguir entre dos tipos de cuentas: las de libre disposición, con retiros restringidos y disponibilidad por medio de cheques o tarjetas, y los cautivos, para los que el Gobierno quiere lanzar un nuevo canje de bonos.
Con este panorama, el organismo sólo alcanzó ayer a postergar el pago de los 2.700 millones de dólares que vencen en septiembre.