Lavagna admite que las leyes bancarias hacen peligrar el acuerdo con el FMI
Lavagna admitió que las leyes que afectan al sector bancario, dos de ellas aprobadas por el Congreso y otras dos pendiente de votación por la Cámara de Diputados, frenan el acuerdo con el FMI, así como los fallos judiciales contra los recortes salariales en vigor.
'La verdad es que estaríamos negando la realidad si no dijéramos con claridad que algunas de esas cosas van a contramano de lo que se venía discutiendo con el Fondo, por lo menos en algunos capítulos. De tal modo que estamos tratando de explicar al FMI el alcance limitado que pueden tener algunas de estas medidas', reconoció el ministro en declaraciones a Radio Mitre.
Las trabas al acuerdo proceden de una ley que impide a los bancos, por otros 90 días, que indexen a la inflación las cuotas de los créditos hipotecarios, que ya fueron congeladas en enero cuando el Gobierno devaluó el peso. Asimismo, el Congreso aprobó la suspensión de la ejecución de los créditos morosos.
En sus contactos con los técnicos, el FMI pidió al Gobierno argentino reglas claras para el sistema financiero, sin intervenciones políticas, y exigió al Ejecutivo un aumento del objetivo de superávit fiscal. El Fondo se hacía así eco de las protestas de la banca, principalmente las entidades extranjeras, que han exigido la retirada de los proyectos aún no aprobados antes de cerrar un acuerdo con las autoridades del país.
A las dificultades financieras ya existentes se sumó la semana pasada una decisión de la Corte Suprema de Justicia que obligaba al Gobierno a reintegrar el recorte salarial del 13% que rige desde julio de 2001 para funcionarios y pensionistas a un trabajador, lo que sienta un precedente para miles de demandas similares actualmente en los tribunales. Lavagna reiteraba ayer que el Estado no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a ese desembolso, y menos aún si el acuerdo con el FMI se demora.
Su deseo 'es que haya un acuerdo que alcance por lo menos hasta diciembre del año que viene, con el fin de darle al nuevo Gobierno un poco de respiro en términos de, con tranquilidad, diseñar sus propios programas'.
De momento, la preocupación más inmediata son los vencimientos a los organismos internacionales por unos 2.700 millones de dólares que se concentran en septiembre. Si el acuerdo, como parece, se demora, el equipo que dirige Eduardo Duhalde espera al menos una prórroga de estos pagos. Al cierre de esta edición el Gobierno aún esperaba la comunicación del FMI al respecto. Pero los frentes del Gobierno Duhalde no están sólo en el ámbito internacional y financiero.
Ayer, miles de parados, conocidos como piqueteros, cortaron varios accesos a la capital en demanda de la restauración de los planes de ayuda social por desempleo y de repudio al asesinato, hace dos meses, de dos jóvenes militantes ultimados por la policía. A la protesta de los piqueteros se sumó una marcha de transportistas, en contra de la subida del precio del gasoil acordada por el Gobierno y las petroleras. La larga crisis que asuela el país y los millonarios depósitos retenidos en los bancos por el corralito financiero agravan la situación social y amenazan con reabrir la ola de protestas sociales que en diciembre puso fin al Gobierno de Fernando de la Rúa.