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SEC

Empresas de EEUU se resisten a adelantar las cuentas trimestrales

La siguiente oleada de reformas vendrá el próximo día 27, cuando la SEC tiene previsto decidir sobre las fechas de publicación de cuentas, entre otras medidas que desarrollan la ley antifraude impulsada por el presidente, George Bush, y aprobada el pasado 30 de julio.

La SEC pretende acortar los plazos de publicación de resultados trimestrales, ahora de 45 días a partir de la fecha de cierre, a sólo 30, mientras que para los informes anuales el periodo se reduciría de 90 a 60 días.

La propuesta había sido sometida a consultas el pasado mes de abril. Unas 50 compañías de las 500 del índice Fortune han manifestado su rechazo, entre ellas Coca-Cola y Kodak, así como cuatro de las mayores firmas auditoras, según Bloomberg.

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Los críticos han advertido a la SEC que precipitar los comunicados de ganancias puede llevar a incluir datos erróneos o incompletos y no sirve para prevenir casos de contabilidad creativa. Para las empresas que distribuyen sus productos por todo el mundo, como el fabricante de refrescos y el de material fotográfico, es más complicado abreviar la recopilación de datos.

Las críticas a las instituciones reguladoras no son habituales -por imprudentes a ojos del mercado- entre las grandes empresas de EE UU, pero la acumulación de cambios normativos decididos en el último mes por la Administración Bush, la SEC y el Consejo de Estándares Contables (FASB) han generado confusión entre los ejecutivos de las compañías.

La SEC ha salido reforzada en sus atribuciones en esas leyes, a pesar de que su presidente, Harvey Pitt, ha sido cuestionado por su papel en los escándalos, sus contactos con antiguos clientes, su inesperada petición de tener el mismo rango legal que Alan Greenspan en la Reserva Federal y las duras críticas que le dedicaron en mayo los influyentes The Wall Street Journal y Financial Times.

Penas más elevadas

En manos de la SEC ha quedado buena parte del desarrollo de la ley antifraude o Sarbanes-Oxley (por los nombres de sus senadores ponentes), que en su mayor parte entra en vigor el próximo día 29. La ley eleva las penas de prisión a los directivos culpables de fraude hasta 20 años de prisión y cinco millones de dólares de multa, impone comités de auditoría independientes en todas las empresas cotizadas -para lo que se da un plazo de 90 días, que algunos expertos creen inviable-, crea una junta disciplinaria de contabilidad y regula los conflictos de intereses.

Las empresas europeas han acogido con malestar una norma que podría ser de aplicación a todas las sociedades que coticen en mercados de EE UU. La Federación Alemana de Industria (BDI) y grandes empresas de ese país encabezan la protesta, de la que se desmarcan algunas compañías como Siemens.

Entre las cuestiones que debe aclarar la SEC está la aplicación extraterritorial de la norma. Los expertos dudan sobre si el regulador bursátil eximirá a las compañías extranjeras de cumplir ciertos requisitos. En contra de una relajación de la norma juega uno de los escándalos más recientes, el del grupo industrial Tyco, que llevó su sede social a Bermudas en 1997.

La SEC se está planteando otro cambio polémico: exigir a los analistas que firmen bajo juramento que sus recomendaciones son opiniones propias de las que no dependen sus retribuciones. Esta regla es la respuesta a otro escándalo, el de analistas de Merrill Lynch que recomendaban ciertos valores a pesar de que en mensajes privados los admitían como poco fiables.

La propuesta que podría aprobar la SEC incluiría una vigilancia de las inversiones particulares de los analistas, que no podrían actuar en el mercado en contra de sus propias recomendaciones.

El organismo supervisor del mercado ya está obligando a los consejeros delegados y directores financieros de las 947 mayores empresas de Estados Unidos a declarar bajo juramento que las cuentas de resultados publicadas son ciertas. Hasta ahora esta norma no se ha aplicado a sociedades radicadas en el extranjero, pero la ley Sarbanes-Oxley prevé que se exija desde ahora a todas las compañías que coticen en Bolsa.

A este cúmulo de cambios legales, que tienen ocupados a los servicios jurídicos de grandes empresas de todo el mundo, se podrían sumar las modificaciones en las reglas contables que decida el FASB. Este consejo estudia variar la contabilidad de las opciones de acciones, cuestión que ha dividido a las empresas estadounidenses por su grave impacto en los beneficios.

Fuentes empresariales señalan que las normas contables ya son estrictas en España, pero compatibilizarlas con las norteamericanas será complejo. El Gobierno, a través del secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, propone una armonización de las legislaciones antifraude entre la UE y EE UU.

Los responsables de 16 sociedades no pudieron jurar sus cuentas

 

 

 

 

 

 

 

 

La instrucción de la SEC para que los directivos firmen declaraciones juradas de la veracidad de las cuentas de resultados fue cumplida sin reservas por un 98% de las grandes empresas requeridas, según el balance definitivo hecho público por el supervisor del mercado de EE UU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 691 compañías que tenían que presentar sus documentos el pasado día 14, sólo 16 comunicaron a la SEC que no estaban en condiciones de hacerlo o hicieron salvedades importantes. Una única compañía, IT Group, que se encuentra en liquidación, no respondió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lista de incumplidores, más reducida de lo temido por los pesimistas, incluye empresas en bancarrota y bajo investigación por sus prácticas contables. La SEC informó que no se adecuaban a lo exigido por las certificaciones de ACT Manufacturing, Adams Resources, Adelphia, Alaska Air, CMS Energy, Consolidated Freightways, Dynegy, Enron, Gemstar-TV Guide, Hercules, The LTV Corporation, McLeodUSA, Mirant Corp, Qwest, Truberv y Worldcom. Una de ellas, la química Hercules envió aclaraciones ayer a la SEC para salir de la lista negra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de los casos, los directivos firmaron la declaración jurada de las cuentas, pero hacían excepciones -algunos, nombrados tras los escándalos, no respondían de la gestión anterior- o bien confesaban no poder asegurar la veracidad de las cuentas por estar en revisión o en los tribunales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total son 947 las empresas cuyos directivos tienen que jurar las cuentas, pero el plazo para presentar las firmas -que la SEC hace públicos en su página web- varía según el calendario contable de cada una.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SEC reclamó las declaraciones juradas a todas las empresas que facturan más de 1.200 millones de dólares al año. A partir de fin de mes, al entrar en vigor la nueva ley antifraude, el trámite será obligatorio para todas las compañías cotizadas, sea cual sea su tamaño.

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