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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Contabilidad opcional

En pleno debate internacional sobre el tratamiento contable que las empresas deben de dar a las opciones sobre acciones con las que suelen retribuir en parte a sus ejecutivos, se ha sabido que el criterio oficial español se alinea con el del organismo regulador contable de Estados Unidos y también con el que defiende el Consejo Internacional de Estándares Contables (IASB), con sede en Londres, para los que los premios a los ejecutivos son un gasto de la compañía. En una respuesta a una consulta de una empresa, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía, asegura que este instrumento genera un gasto al tratarse de una retribución y, por lo tanto, debe reflejarse en la cuenta de resultados de las empresas. El problema es que no está claro cómo se cuantifica ese gasto.

La polémica no es baladí. El último caso sonado lo ha protagonizado esta semana el gigante tecnológico estadounidense Intel, que se niega a seguir este criterio contable, que no es de obligado cumplimiento. Alega que resulta prácticamente imposible determinar el valor de las opciones de los empleados no ejecutadas y, en consecuencia, seguirá reflejando los premios como una anotación añadida al balance pero sin impacto en la cuenta de resultados. En su caso, el beneficio habría caído un 80% de aplicar el criterio que defiende el regulador. Otros gigantes como Coca-Cola, General Motors, General Electric o Citigroup, sin embargo, si se han plegado al criterio oficial. Pero Intel no está sola. Cisco o Microsoft también se niegan a contabilizar las opciones como gasto, lo que parece haber abierto una nueva brecha entre la vieja y la nueva economía.

El debate, al menos en Estados Unidos, amenaza con radicalizarse. El rosario de escándalos en las cuentas de grandes empresas no sólo ha provocado la desconfianza de los inversores y ahorradores, sino que ha demonizado, a efectos de la opinión pública, los medios por los cuales muchos ejecutivos se han enriquecido exponencialmente en los últimos años, y las opciones sobre acciones han sido una de las vías más usadas. El problema ahora es devolver a este instrumento retributivo su auténtica naturaleza, algo que se antoja complejo por la contestación popular a la que se enfrenta -en España ya pasó algo similar en los tiempos de Villalonga en Telefónica- y, sobre todo, porque las posibilidades de que supongan algún tipo de estímulo económico real se alejan con una Bolsa a la baja.

En la Unión Europea este problema se afronta con bastante menos acritud que al otro lado del Atlántico. Los escándalos no han sido tan numerosos y además se ha zanjado la cuestión haciendo que la norma que obliga a contabilizar las opciones como gasto sea obligatoria en 2005. Mientras llega esa fecha, lo importante es que haya la mayor transparencia posible sobre este instrumento. Por lo demás, resulta positivo el hecho de que la Administración española tenga formada su opinión y que ésta se alinee con la corriente mayoritaria.

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