Los afectados de Piaggio piden la intervención de Gallardón
El alcalde de Arganda del Rey y los representantes de los trabajadores de Piaggio en esa localidad reclamaron ayer al presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que intervenga para evitar el anunciado cierre de la fábrica de motos. El cese definitivo de la producción, comunicado el viernes tras varios meses de práctica paralización, fue señalado entre los afectados como una derrota política de Madrid ante Cataluña, donde se desviará parte de la producción a la planta de Derbi.
'La comunidad tiene mecanismos a su alcance para cambiar esa decisión, como los que ha utilizado la Generalitat', declara Pedro Díez, el alcalde socialista de Arganda, quien plantea represalias contra el Deutsche Bank, el mayor accionista de Piaggio.
'El Gobierno autonómico, que también ha sido engañado, tiene que exigirles que se cumplan los acuerdos', señala Pedro Molina, de CC OO, quien sólo aceptaría negociar indemnizaciones 'cuando no haya otra alternativa'.
El centro de Arganda fue inaugurado en mayo de 2001 por Ruiz-Gallardón, tras vender Piaggio por 36 millones de euros la fábrica de Vespa Motor en la madrileña calle Julián Camarillo. Pero la nueva fábrica apenas tuvo carga de trabajo y en lo que va de año sus 103 empleados sólo estuvieron ocupados 45 días.