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Revista de Prensa

Todos somos Atchugarry

Washington Abdala / El Observador. Montevideo

Alejandro Atchugarry emblematiza algunas cosas muy diversas que por suerte se empiezan a dar en Uruguay. Ha sido el legislador con más capacidad de negociación que tuvo el Partido Colorado desde hace varios años. Es un trabajador incansable y un político profesional a tiempo completo. Posee una mirada liberal en lo económico, pero no recita dogmas (...). A veces, la personalidad adecuada para el momento adecuado puede ayudar muchísimo. Por eso las medidas que se vienen tomando procuran sincerar una situación y reordenar el sistema financiero. Lo peor que se podría hacer en estos momentos es no encarar con valor la realidad que se está viviendo. Sólo enfrentando la verdad financiero-bancaria se recuperará la tan ansiada paz.

El desafío del nuevo ministro de Economía no es menor entonces (...). Hay que ayudarlo en serio para que se pueda salir del atolladero (...). En este contexto se impone que los uruguayos apuntemos en la misma dirección (...). En el momento en que se está negociando con los organismos multilaterales si algo se requiere es mesura y tranquilidad, y no apedrear el rancho de manera salvaje (...). Cuando salgamos definitivamente de estos problemas en los que nos metieron los vecinos de la región, vamos a quedar con un potencial y una marca a prueba de balas: Uruguay, el que honra sus compromisos; Uruguay, donde un político asume el Ministerio de Economía para buscar soluciones pragmáticas y posibles. En este momento algunos que hablan tonterías no debieran perder la oportunidad de callarse la boca. Por el bien de todos, la hora impone mesura. Expresiones equivocadas pueden traer consecuencias a lamentar por mucho tiempo.

Que venga lo

que debe venir

La comisión de notables que visitó Argentina a pedido del FMI se apuró en dar a conocer su informe. Está claro que los expertos (...) no quisieron comprometerse, ni podía esperarse de ellos un plan económico (...). El caso de la economía argentina es tan complejo que nadie puede pretender tener la solución en un tiempo tan breve. Los notables señalan: 'Una solución temprana y durable al problema de los amparos es esencial' (...). En el Gobierno saben perfectamente que esto es así, pero el tema los supera. El problema de fondo es que la pesificación, el congelamiento de depósitos y su reprogramación no tienen base legal alguna, de modo que lo que el Gobierno pide a la Corte Suprema es que, por la emergencia, o sea, 'por una razón de Estado', convalide estas cosas. Pero como la Corte no quiere decidir en tanto no se levante el juicio político impulsado por este Gobierno, esto no tiene solución (...). Los notables señalan la necesidad de respetar el Estado de derecho y la 'santidad' de los contratos. Esto implica asumir que los depósitos efectuados en dólares deben volver a esa moneda. Pero no dicen cómo se resuelve el problema que esto plantea, frente a la pesificación 'uno a uno' de los créditos. Siguen dentro del rumbo equivocado que plantea la conducción económica, ya que habla de 'liberaciones parciales' o 'transferencia de depósitos' o 'alternativas atractivas para los depositantes' y de 'una proporción de liberación de liquidez que sea mantenida dentro de límites manejables'. Repetimos una vez más: lo que corresponde es liberar totalmente esos depósitos, pero manteniendo la bancarización forzosa, o sea, que los fondos no se puedan retirar en efectivo por encima de los 300 dólares semanales (...). Los notables critican los bonos monetarios, sin haber comprendido su esencia (...). La Comisión confiere carácter inflacionario a dichos bonos, lo que constituye un error, ya que no impulsan los precios hacia arriba, sino que, cuando se emiten en exceso, tienen un desagio (pérdida de valor) creciente. El mercado mismo dice cuándo no se los puede seguir emitiendo. Pretender que se rescaten en breve plazo es irreal (...). En cuanto al sistema cambiario, el informe se pierde en un mar de vaguedades. Entendemos que el propósito del informe es político: permitir al FMI firmar un acuerdo con la Argentina, sin que quienes lo dirigen tengan que asumir toda la responsabilidad, ya que técnicamente Argentina no reúne las condiciones básicas que el Fondo exige.

La Razón. Buenos Aires

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