El Supremo duplica de 10 a 20 años la pena de Conde, que vuelve a prisión
El ex banquero Mario Conde ha vuelto a la cárcel de Alcalá-Meco, por donde ya ha pasado en dos ocasiones, casi tres años después de su puesta en libertad en agosto de 1999. La Sala Segunda del Tribunal Supremo no sólo ratificó ayer la sentencia de marzo de 2000 de la Audiencia Nacional, sino que le ha duplicado a Conde la condena de 10 años y dos meses a 20 años.
Además, aumenta la pena de seis años a nueve años y ocho meses al ex consejero Rafael Pérez Escolar por apropiación indebida en la operación Carburos Metálicos y culpa a dos absueltos: el ex consejero delegado Enrique Lasarte y al ex socio de Conde Jacques Hachuel. Les condena a cuatro años de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida, respectivamente. La Sala ratifica la pena de 13 años y ocho meses al ex vicepresidente Arturo Romaní y de seis años al ex director general Fernando Garro, ambos por apropiación indebida y estafa.
El tribunal encuentra a Conde culpable de dos delitos de los que le absolvió la Audiencia: uno de apropiación indebida de 1,8 millones de euros del banco -por lo que le impone una pena de seis años de cárcel y una indemnización de la misma cuantía- y otro de falsedad en documento mercantil, por el que se ocultó un agujero contable de 3.636 millones de euros del banco. La condena es de cuatro años de prisión y 6.000 euros de multa.
En el primer caso, la operación 300 Millones, la Sala estima que hay un delito continuado, por lo que no ha prescrito, como consideró la Audiencia, y aumenta el grado de la pena porque el acusado se valió de su 'condición de presidente' para disponer de una 'cantidad importante'. La sentencia, mucho más dura que la de la Audiencia, estima parcialmente los recursos de la fiscal y las acusaciones.
'Aviso a navegantes'
Señala, asimismo, que 'no ha quedado acreditado' que los 1,8 millones, realizados en dos pagos, sirvieran para pagar la mediación del ex presidente Adolfo Suárez ante el Banco de España para que éste autorizara la disfusión de Banesto y del Banco Central.
Lo más llamativo es la condena por la operación Artificios Contables (ocultación y manipulación de datos en las cuentas de 1992 ante el Banco de España), ya que la Audiencia no lo condenó basándose en que este delito societario no estaba penado por el anterior Código Penal (previo a 1996), vigente cuando se produjeron los hechos. Fuentes jurídicas interpretan que esta condena está influida por el actual clima de desconfianza hacia las prácticas contables de las empresas, tras el escándalos inaugurado por Enron en EE UU, y se trataría de una especie de advertencia de los jueces a éstas 'para mostrar que las irregularidades se castigan', según las citadas fuentes. Califican la sentencia como 'demoledora' y un 'aviso a navegantes'.
El Supremo ve probada la autoría en el maquillaje contable de Conde y del ex consejero delegado Enrique Lasarte. La sala mantiene la absolución de su homólogo en este cargo, Juan Belloso, al que contrató el equipo de Banesto posterior a Conde.
Cuatro de los seis condenados ingresaron en prisión ayer por la tarde. Conde, Pérez Escolar (fue internado en la enfermería) y el ex consejero delegado Enrique Lasarte, en Alcalá-Meco. Romaní pidió no ir al mismo centro que Conde y está en la de Soto del Real. La Audiencia Nacional dictará orden de captura internacional contra Hachuel (su última residencia conocida estaba en París), mientras Garro no había sido localizado ayer noche por la policía.
Los seis condenados -quizá salvo Hachuel y Pérez Escolar, que pueden ser eximidos de la cárcel por contar con más de 70 años- no pueden librarse en principio de la pena de prisión. Pero previsiblemente presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como ya ha anunciado Conde, según fuentes jurídicas. Tendrían 20 días y pueden solicitar la suspensión cautelar de la condena. El tribunal, que tardaría unos dos meses en resolver esta petición, no suele conceder la suspensión, pero tampoco sigue un criterio definido a priori, según los expertos.
Conde ya recurrió al Constitucional la condena de cuatro años y dos meses por desviar 3,6 millones de Banesto a Argentia Trust y el tribunal desestimó su recurso. Lo mismo hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El ex banquero ingresó en prisión en diciembre de 1994, casi un año después de que el Banco de España interviniera la entidad, salió en un mes y volvió desde febrero de 1998 a agosto de 1999. En el caso Banesto está condenado por dos delitos de apropiación indebida, dos de estafa y uno de falsedad.
Los partidos ven positiva la severidad de las penas
Los partidos políticos acogieron ayer con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Banesto. El Partido Popular la considera positiva. Según dijo ayer el secretario general del grupo del PP en el Congreso, Gabriel Cisneros, la severidad de la sentencia 'no es una mala noticia', ya que en una economía de mercado 'las reglas deben ser pocas y claras, pero escrupulosamente observadas'. Cisneros considera 'inevitable' relacionar la sentencia del Supremo 'con la preocupación general del mundo desarrollado' por las prácticas fraudulentas en las que pueden incurrir los gestores respecto a bienes que no son de su disposición.
El principal partido de la oposición, el PSOE, también la acogió favorablemente. Su portavoz en el Congreso, Jesús Caldera, ayer consideró que la sentencia 'da garantías' a los ciudadanos de que los delitos de 'cuello blanco' se juzgan con severidad. 'El Tribunal Supremo ha hecho justicia', destacó.
En el mismo sentido, el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, señaló que 'los españoles terminarán reconciliándose con la Justicia cuando vean que el delito de cuello blanco es igual que el resto'.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc), Luis Pineda, aseguró que ofrece 'una conclusión feliz: quien la hace la paga'. Por contra, la presidenta del Reagrupamiento de los Accionistas de Banesto, María Victoria de la Muela, tachó la sentencia de 'decepcionante'.