La acusación añade 3,6 millones al cálculo del perjuicio causado a Banesto
El abogado de Banesto, José Antonio Jiménez, elevó ayer en unos 3,61 millones de euros el perjuicio que sufrió la entidad por la operación Carburos Metálicos, en la que la multinacional canadiense Air Products pagó 18 millones de francos suizos (8,08 millones de euros, 1.344 millones de pesetas) por el 5,9% de la empresa, que no llegaron al banco. 11 años después de la operación, en 2001, Banesto recuperó esta cantidad, pero ya ha descartado la devolución de los 3,61 millones restantes porque requerirían más procesos en los tribunales con su consiguiente coste, según explicó ayer el letrado.
La sentencia que dictó la Audiencia Nacional en marzo de 2000 consideró probado que el ex vicepresidente del banco, Arturo Romaní; el ex consejero, Rafael Pérez Escolar, y el financiero ex socio de Conde, Jacques Hachuel, sustrajeron los 8,08 millones de euros a Banesto.
Ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el letrado se lamentó ayer de que la sentencia no haya tenido en cuenta ni los intereses ni la cotización de la divisa suiza, que han generado el perjuicio añadido de 3,61 millones.
Esos fondos están aún en manos de la Fundación Levis (radicada en Liechtenstein), según la acusación, que la vincula a Mario Conde, aunque no pudo probarse en el juicio. De acuerdo con esta misma versión, una parte de los 8,08 millones de euros que pagó Air Products fueron a parar a la sociedad Mariella Real Estate, propiedad del financiero francés Jacques Hachuel. Fue absuelto del delito de apropiación indebida porque se consideró prescrito.
Pagos ajenos
Precisamente, Banesto, como acusación en el caso, pide al Supremo en su recurso sobre la sentencia que inculpe ahora a Hachuel. También que condene a Mario Conde por la retirada de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas) para pagos ajenos a la actividad del banco. La Audiencia Nacional consideró prescrito el delito de apropiación indebida.
De igual modo, las acusaciones han solicitado que se ratifiquen las penas y, además, que se inculpe a Conde, Romaní y otros tres imputados por la supuesta ocultación de un agujero de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas). La Audiencia Nacional los absolvió.
Si bien la jurisprudencia relacionada con el caso y la propia sentencia auguran pocas posibilidades para la petición, según fuentes jurídicas. El principal obstáculo es que el anterior código penal, vigente cuando ocurrieron los hechos, no incluía el delito de falsedad documental.
El caso deja atrás tres años de instrucción, dos de juicio y otros dos de espera por el recurso de casación que ahora analizará el Supremo. La causa quedó ayer vista para sentencia. En contra de lo previsto, la Sala de lo Penal anunció que el fallo tardará unos cuatro meses dada su complejidad. En la última sesión de la vista intervino también la fiscal, que pidió no considerar responsable civil a la aseguradora AGF Fénix (del grupo Allianz). En su recurso, reclama ampliar la pena a Conde de 10 a 22 años.