La Junta de Extremadura recurre ante el Constitucional el 'decretazo'
La Junta de Extremadura ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de reforma del desempleo y del subsidio agrario aprobado por el Gobierno central, según ha anunciado la consejera de Presidencia, María Antonia Trujillo.
Trujillo, que ha afrecido una rueda de prensa en Mérida para presentar esta recurso, ha subrayado que la adopción de esta medida fue consultada con el Gabinete Jurídico de la Junta, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo extremeño en su última reunión y que hoy ha sido finalmente llevada a cabo. Según la consejera, el "decretazo" fundamentalmente "incentiva el despido, incrementa la precariedad laboral y recorta derechos sociales", lo que, según ha señalado, la Junta no acepta. A su juicio, el decreto "vulnera formal y materialmente" derechos recogidos en la Constitución.
En este sentido, la consejera de Presidencia ha explicado que el decreto tiene la forma de "Decreto Ley" sin contar con el correspondiente presupuesto habilitante, "es decir, no hay una extraordinaria y urgente necesidad para aprobarlo como Decreto Ley". Ha agregado que esta figura legal es "una medida excepcional, porque despoja a las Cortes Generales de sus competencias", y que "en la exposición de motivos del decreto no hay razones para aprobarlo, lo que vulnera la Constitución". En segundo lugar, "afecta a derechos de los trabajadores y de los ciudadanos cuya regulación mediante Decreto Ley prohíbe la Constitución", entre ellos "los del derecho al trabajo y de libre elección de profesión u oficio" ya que, según ha señalado, ahora los trabajadores deberán aceptar "colocaciones adecuadas".
Trujillo ha indicado que también vulnera el derecho a la igualdad ante la ley porque "se permite la inaplicación de lo dicho antes a criterio del órgano gestor administrativo de las políticas de empleo, lo que supone una posible aplicación desigual de derecho". En cuanto al "fondo", la consejera ha afirmado que "se deja a la discrecionalidad de los funcionarios cuál es el sistema a aplicar para determinar una colocación adecuada", lo que desvirtuaría, en su opinión, los principios constitucionales de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.