El doble filo del 'fast track'
El pacto alcanzado por la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos para otorgar al presidente George Bush la autoridad para negociar acuerdos comerciales supone un gran logro para el actual Gobierno estadounidense en su objetivo por expandir los mercados para los productos norteamericanos, aunque su aprobación definitiva está aún pendiente de la votación en el Senado. Sin embargo, el poder comercial de Bush estará considerablemente limitado respecto al obtenido por otros presidentes a través del fast track, dadas las duras restricciones impuestas a la ley y el ajustado apoyo recibido por Bush en las votaciones en la Cámara Baja.
La Constitución de EE UU otorga al Congreso la autoridad para negociar acuerdos comerciales con terceros países. Desde 1994, el Congreso no cedía al presidente esta autoridad por las duras críticas surgidas al Acuerdo de Libre Comercio firmado con Canadá y México. Para evitarlo los congresistas han obtenido la garantía de que la Administración consensuará con ellos los términos de futuros acuerdos, con la creación de un grupo de supervisión de las negociaciones que podrá presentar enmiendas y modificar las propuestas del Gobierno. Las enmiendas presentadas antes, durante y después de la negociación no tienen carácter vinculante, pero en la práctica el ajustado apoyo recabado por Bush a esta ley (215 votos a favor y 212 en contra en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos) le exigen la inclusión de las mismas en los acuerdos comerciales si quiere que, posteriormente, el Congreso dé el visto bueno al acuerdo comercial.
Asimismo, el Congreso podrá adoptar medidas contra un tercer país si considera que ha manipulado su tipo de cambio para obtener ventajas competitivas, lo que en el actual contexto de volatilidad de las divisas puede resultar muy subjetivo. La ley también exige la revisión de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el tratamiento fiscal para la inversión en el exterior, que EE UU denuncia como discriminatorio para sus empresas. Los beneficios fiscales estadounidenses han sido condenados por la OMC como subsidios encubiertos a la exportación.
Los límites impuestos a la negociación inciden especialmente en los acuerdos agrícolas y los del ámbito textil, dos de los puntos clave de la actual ronda de liberalización comercial puesta en marcha en el seno de la OMC. Si EE UU mantiene, de una u otra forma, las barreras al comercio en estos dos sectores, la actual ronda de liberalización corre serios riesgos de fracasar o de no concluir a tiempo para 2005. Las negociaciones para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) también están supeditadas a la apertura de EE UU en estos dos mercados. Significativamente, la Administración asegura que la autoridad comercial otorgada a Bush le permitirá cerrar acuerdos de libre comercio con Chile, Singapur, América Central y Marruecos. La UE debería tomar nota de este punto.