Comunidades y municipios, obligados al equilibrio fiscal
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, en vigor desde enero de este año, obliga a las comunidades autónomas, municipios y demás entes territoriales a mantenerse en equilibrio o en superávit de forma permanente, o en caso de incurrir en déficit, presentar un plan de corrección a corto plazo. Siguiendo estos dictados, y tal y como se acordó, en primavera, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano mixto formado por representantes de la Administración central y las comunidades autónomas), los Ejecutivos regionales se mantendrán en equilibrio presupuestario el próximo año 2003, al igual que en 2004. Ello les obligará a realizar un gran esfuerzo este año, dado que los entes territoriales partían en enero de este ejercicio de un déficit de 2.785 millones de euros, el 0,4% del PIB.
La sanidad, en un brete
Las comunidades cuentan para ello con un nuevo modelo de financiación autonómica, acordado el pasado diciembre, y por el que recibirán para sufragar sus gastos el 33% del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de los impuestos especiales de hidrocarburos, labores de tabaco, alcoholes y cerveza, y la totalidad del impuesto sobre la electricidad y el de matriculación. Con tales recursos, más los tributos cedidos (patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales y tasas) y los propios, deberán hacer frente también a las competencias sanitarias, transferidas en su totalidad, y cuya asunción se ha culminado en junio de este año.
Queda por negociar la liquidación de las transferencias sanitarias, algo que puede generar nuevas fuentes de conflicto, sobre todo, por las comunidades gobernadas por el PSOE, que discrepan de la necesidad de imponer por ley el déficit cero.