Bruselas expedienta a Portugal por elevado déficit
Portugal tendrá el dudoso privilegio de estrenar el procedimiento sancionador previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que desde 1997 exige a los Estados de la Unión Europea mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB.
El Gobierno portugués admitió anteanoche que en el año 2001 su déficit público se situó en el 4,1% y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, anunció acto seguido que 'la Comisión Europea iniciará el procedimiento de déficit excesivo contra Portugal'.
El expediente puede desembocar, tras varios informes y dictámenes, en una sanción de hasta el 0,5% del PIB del país afectado. Bruselas se apresuró a recordar ayer, sin embargo, que 'el objetivo del pacto no es sancionar a nadie, sino evitar los problemas'.
Alquimia contable
El déficit portugués, corregido al alza tras una previsión inicial del 2,1%, revela, sin embargo, que algunos Gobiernos pueden estar practicando alquimia contable para intentar evitar las sanciones. Solbes destacó que la nueva cifra se conoció tras una auditoría, dirigida por el gobernador del Banco de Portugal, que 'permitió detectar serias omisiones en los datos sobre déficit facilitados anteriormente por Portugal'.
El nuevo Gobierno de José Manuel Duráo Barroso descubrió el 'agujero contable' dejado por seis años en el poder del socialista António Guterres, durante los que la cartera de Finanzas cambió tres veces de mano.
'La ampliación de datos estadísticos es responsabilidad de las autoridades nacionales', recordó Solbes. 'La oficina de estadísticas comunitarias, Eurostat, se limita a controlar su clasificación. (...) No es posible solucionar a nivel europeo las deficiencias nacionales'. La Comisión Europea, a propuesta de Solbes, aprobará en septiembre el informe que inicia el procedimiento contra Portugal. Los expertos nacionales, reunidos en el comité económico y financiero de la UE, disponen entonces de dos semanas para emitir su dictamen.
La decisión final corresponde a los ministros de Economía que deberán pronunciarse antes del 1 de diciembre. La reprimenda debe aprobarse por mayoría cualificada de los 15 Estados miembros. La titular portuguesa María Dias Ferreira Leite también podrá votar.
El Consejo podrá exigir medidas efectivas (que pueden no hacerse públicas) para corregir el deterioro fiscal, que Lisboa deberá ejecutar en un plazo máximo de cuatro meses.
Salvo circunstancias excepcionales, el déficit tiene que corregirse en el ejercicio siguiente a aquel en que se produjo el desliz, circunstancia que Ferreiera ya ha anunciado que se producirá. Sólo si Portugal se resiste a adoptar las medidas exigidas, la UE puede obligar al Gobierno de Duráo Barroso a realizar un depósito del 0,31% del PIB, que se convertirá en multa irrecuperable en caso de que el déficit no se corrija en un plazo de dos años.