Aznar ofrece diálogo para mejorar la seguridad, la sanidad y la educación

El grueso de los acuerdos ofrecidos ayer por Aznar a la oposición, a las comunidades autónomas y a los sindicatos tiene como objetivo la lucha contra la inseguridad ciudadana, además de la mejora de la sanidad y de la educación, una vez que estas dos últimas políticas han sido transferidas en su práctica totalidad y necesitan de garantías de aplicación homogénea. En ningún momento el presidente dijo que abogaba por pactos de Estado, sino más bien por acuerdos puntuales en el trámite parlamentario para iniciativas como las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal; la nueva Ley de Calidad y Coordinación del Sistema Nacional de Salud y la nueva Ley de Calidad de Educación. Esta última será aprobada el próximo viernes por el Consejo de Ministros.

Esta batería de iniciativas legales aún no ha llegado al Congreso. La única de ellas que Aznar trajo ayer al debate más elaborada fue la que afecta a la lucha contra la inseguridad ciudadana. El presidente anunció la convocatoria de 20.000 nuevas plazas para la Policía Nacional y la Guardia Civil y un plan específico para proteger a los comerciantes. Además anticipó que el Gobierno revisará el sistema de prisión provisional, restringirá el acceso de los presos al tercer grado penitenciario y combatirá la reincidencia criminal. También facilitará la expulsión de los inmigrantes condenados a penas inferiores a seis años de prisión.

Aznar ofreció diálogo para reformar la financiación de los ayuntamientos y promover el traspaso de competencias a éstos desde las comunidades autónomas.

Casi todas las referencias que hizo el presidente a la política económica forman parte del discurso ya consolidado en los últimos años. Aznar achacó la buena respuesta que, en su opinión, están dando a la crisis internacional los principales indicadores a la eliminación del déficit público. El presidente reconoció la preocupación del Gobierno por la inflación y mantuvo que las recetas para combatirla son la disciplina en el gasto público, las políticas de liberalización y el aumento de la competencia.

Con el fin de prevenir casos como el de Enron, Aznar abogó por 'cambiar las reglas de juego' para dar mayor transparencia a la gestión empresarial y más fiabilidad a la información que las compañías transmiten a los mercados. Las reformas que preparan los Departamentos de Justicia y Economía incidirán en la composición de los consejos de administración, en la actividad de los auditores y en los modelos de gobierno de las sociedades, siempre en beneficio, aseguró, de los derechos e intereses de los pequeños accionistas.

20.000 millones de ahorro

Aznar mantuvo que la reforma del IRPF que entrará en vigor el próximo enero supondrá una rebaja media del 11% y beneficiará especialmente a las rentas más bajas. Calcula que la reforma anterior ha ahorrado a los españoles 20.000 millones de euros.

El tiempo dedicado en su discurso a problemas como el del terrorismo o las relaciones con Marruecos -inició su intervención aludiendo a la ocupación del islote Perejil- contrastó con el somero repaso que hizo de la decisión de los sindicatos de convocar la huelga general del pasado 20 de junio. El presidente insistió en su voluntad de diálogo social, pero advirtió que cualquier modificación al contenido de la reforma de las prestaciones por desempleo descansa en el trámite parlamentario. En el capítulo de conclusiones presumió de que 'España es el quinto país más solvente del mundo', y de que sólo en el 87% de las familias españolas, según sus datos, hay alguna persona en paro. En su réplica al líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, le acusó de arropar un discurso negativo, conducido desde la crítica destructiva, y de 'irresponsabilidad' por haber respaldado la huelga general. En su opinión, el PSOE carece aún de alternativa y confunde el diálogo social 'con las tertulias de café'.

Aznar eludió ofrecer cualquier explicación sobre la crisis de gobierno, pese a que Rodríguez Zapatero le recordó que el cese de seis ministros 'certifica el fracaso de sus políticas'.

'El PNV ha tomado un camino sin salida'

 

 

 

 

El camino emprendido por el nacionalismo e Izquierda Unida en el País Vasco carece de salida y 'como bien se va a comprobar, no va a conducir a nada', advirtió ayer José María Aznar, en referencia al ultimátum que el Gobierno vasco, a través de la Cámara de Vitoria, ha dado al Gobierno central para completar en dos meses el Estatuto de Gernika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis hecho ayer por el presidente concluye que ésta es una iniciativa 'grave y profundamente equivocada', que evidencia 'una vez más la coincidencia de todo el nacionalismo en los fines más radicales'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aznar acusó al PNV de poner 'sus objetivos políticos de confrontación y ruptura por delante de la defensa común de la democracia'. En su discurso no anticipó sus planes sobre el calendario de aplicación de la Ley de Partidos que persigue la ilegalización de Batasuna. En todo caso, el presidente se mostró partidario de 'reforzar el compromiso político contra el terror'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayer se conoció precisamente que el PNV pedirá que el Parlamento vasco presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos Políticos, según decidió la ejecutiva de esta formación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este recurso de inconstitucionalidad, se aclara en una nota de prensa del PNV, será un paso 'previo y necesario a otras posibles iniciativas'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nacionalistas vascos ya votaron en contra de la reforma de la Ley de Partidos cuando el Gobierno la sometió a votación en el Congreso, pues manejaron el argumento de que su entrada en vigor, y la posterior ilegalización de Batasuna, aportará una mayor radicalización al conflicto vasco.