Anticorrupción cree que los pactos de precios entre petroleras tienen "relevancia penal"

La Fiscalía Anticorrupción considera que los supuestos pactos de precios entre Repsol YPF y Cepsa presentan rasgos que "elevan su gravedad hasta alcanzar relevancia penal", por lo que ha decidido imputar a cinco directivos de ambas empresas en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional tras la presentación de varias querellas por la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes.

El documento de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, incluye la declaración como imputados de los directivos que adoptan decisiones respecto a precios en ambas empresas. Así, por parte de Repsol YPF se cita al vicepresidente ejecutivo de Refino y Marketing de Repsol YPF, Juan Sancho Rof, y a su adjunto, Jorge Segrelles, también presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

Por parte de Cepsa, la Fiscalía imputa al responsable de estaciones de servicio, Luis Suárez-Pumariega, a su antecesor en el cargo, Salvador Font, y al consejero delegado de este área, Francisco Calderón.

Anticorrupción ve "evidente" el control de mercado y la eliminación de la competencia llevada a cabo por los dos principales operadores, con unas prácticas que "presentan los rasgos propios de una concertación o acuerdo sobre precios que conduce a un dominio oligopolístico incompatible con los presupuestos de una libre concurrencia".

ENGAçO SOBRE PRECIOS.

En este sentido, indica que Repsol YPF y Cepsa mantienen una ocultación "sistemática y grave" a los consumidores, con el correspondiente "engaño" sobre las circunstancias en que se generan los precios de los carburantes que, a juicio de la Fiscalía, son el resultado de "una concertación oculta y abusiva que garantiza aún más el ya evidente dominio del mercado".

Además, señala que la coincidencia de precios no puede ampararse en datos objetivos, como la evolución de las cotizaciones internacionales o el valor del dólar, ya que hay datos que ponen de manifiesto que los precios han oscilado de forma distinta a las cotizaciones.

Anticorrupción considera que Repsol YPF y Cepsa mantienen un "fortísimo" control del mercado y restringen la libre competencia, impidiendo que los precios se formen libremente. "El precio de los carburantes está sustraído a la influencia muy beneficiosa que podría representar la posición mantenida por los operadores independientes y otro vector tan esencial como son las estaciones de servicio", añade.

FALTA DE LIBERTAD DE LOS GASOLINEROS.

En este sentido, indica que los operadores mantienen "un riguroso control" sobre el proceso de formación de los precios que anuncian posteriormente los gasolineros en los surtidores. Por ello, considera que el comportamiento de las dos grandes petroleras es "manifiestamente desviado y falaz", ya que limitan la libertad de los propietarios de estaciones de servicio para fijar precios.

Así, afirma que los operadores imponen a los gasolineros un régimen jurídico "que les impide participar en el libre proceso de fijación de precios al público de los carburantes" y convierte a las gasolineras en "una prolongación o apéndice de las grandes compañías petroleras".

BARRERAS PARA NUEVOS AGENTES.

También hace hincapié en que los operadores independientes no pueden competir por la falta de instalaciones logísticas propias. A este respecto, indica que el dominio por Repsol YPF y Cepsa de una masa importante de las instalaciones al por menor frena la efectividad de la competencia, al constituir "una auténtica barrera" a la entrada en el mercado de nuevos agentes.

Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción considera que estos hechos constituyen un delito del artículo 284 del Código Penal, relativo al mercado y a los consumidores, en la modalidad comisiva de engaño.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, autorizó el pasado mes de junio al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, a encargarse de la investigación de la querella presentada contra Repsol YPF y Cepsa por la Plataforma de Consumidores de Carburantes.

Así, Anticorrupción remitió al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, encargado de las diligencias, toda la documentación que obra en su poder sobre estos hechos.

Cardenal resolvió que sea la Fiscalía Anticorrupción y no la de la Audiencia Nacional la que se ocupe de esta querella. Anticorrupción investigó los hechos entre junio de 2000 y enero de 2002, cuando propuso presentar la querella que rechazó Cardenal. Toda la documentación reunida en ese periodo será ahora entregada al juez, que admitió a trámite la querella de la Plataforma de Consumidores de Carburantes el pasado 21 de mayo.

La Plataforma querellante está integrada por transportistas, agricultores y consumidores, y ha dirigido su denuncia contra Repsol YPF, Cepsa, BP y el resto de empresas integradas en la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), a las que acusa de alterar el precio de venta de los carburantes y evitar la libre concurrencia "mediante engaño y utilización de información privilegiada".