El Gobierno recortará el salario a los jueces con bajo nivel de productividad
Actualmente, el plazo medio de resolución de un procedimiento judicial en España oscila entre dos y cinco años. Si los litigios recorren todas las instancias pueden tardar en resolverse entre cinco y 10 años. Y, en cualquier caso, gran parte de las resoluciones dictadas en primera instancia no suele dictarse antes de un año. Estas cifras, facilitadas por el Colegio de Abogados de Madrid, explican en parte la necesidad de introducir un complemento de productividad por objetivos en los salarios de los jueces. En parte, porque hay que recordar que cada año llegan a los tribunales españoles, no miles, sino millones de causas nuevas.
Por todo ello, el diseño de la retribución por objetivos que prevé el anteproyecto de Ley de Retribuciones para jueces y fiscales tiene en cuenta ambas realidades. El texto prevé un incremento de entre el 5% y el 10% del salario fijo para aquellos magistrados que superen en un 20% los objetivos marcados para su plaza de destino. Pero también establece un recorte del 5% para aquellos que no alcancen el 80% de esos objetivos por causas atribuibles a ellos mismos.
La exposición de motivos de la ley, que califica la propuesta de 'novedosa', reconoce que el sistema retributivo de los magistrados ha sido hasta el momento 'injustificadamente rígido y huérfano de elementos adecuados' para ponderar con equidad el rendimiento individual de los jueces 'y servir de incentivo a la dedicación profesional y a la calidad'.
Básica y complementaria
El borrador de la futura ley dibuja un sistema de retribuciones compuesto por una parte básica y otra complementaria. La retribución básica, integrada por el sueldo y por la antigüedad, reflejará la categoría de cada juez dentro de la carrera judicial y el incremento proporcional sobre el sueldo inicial, que se fija en un 5% por trienio.
A su vez, la parte complementaria del salario estará formada por un complemento de destino y un complemento específico. El primero se aplicará en función de la población y características de la plaza asignada; el segundo remunera las condiciones especiales de determinados puestos 'afectados por una singular responsabilidad, complejidad o penosidad'.
Las líneas generales del texto han sido bien acogidas por las asociaciones judiciales, aunque cuentan con el rechazo de algunos colectivos de jueces, como los de Madrid.
En cualquier caso, el pasado mes de junio el Gobierno anunció una subida de salario de entre el 14% y el 20% para 4.500 jueces y fiscales en los próximos tres años.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, el coste total de esta mejora retributiva en la justicia rondará los 85 millones de euros.