El varapalo del CES

Julián Ariza repasa las relaciones del Gobierno con las fuerzas sociales tras el 'decretazo'. El autor pone el acento en la actitud oficial, en las consecuencias de la reforma laboral y en la respuesta del Consejo Económico y Social

El Gobierno lleva una temporada en la que, por paradójico que parezca habida cuenta de su signo político, no da una a derechas. Consiguió casi la unanimidad en su contra por parte de los rectores de las universidades, tiene cabreada a la judicatura y al propio episcopado, en el trámite parlamentario del decretazo le dejaron solo sus socios habituales, pierde credibilidad a chorros por su empeño en negar realidades evidentes para los españoles como, por ejemplo, el amplio seguimiento de la reciente huelga general y las multitudinarias manifestaciones de ese mismo día; sus estrategas ideológicos se desesperan al ver cómo la frontera que en el imaginario colectivo separa a la derecha de la izquierda que, gracias a la campaña del 'centrismo centrado' y a la moderación de la izquierda con opción de gobernar, había quedado un tanto desvaída, pasa a ser una frontera nítida...

Por otra parte, la economía no levanta cabeza, el paro y la precariedad de los contratos de trabajo van a más, la inflación está fuera de control y, en fin, hasta el gallinero partidario del Gobierno anda un tanto revuelto.

Su gran paño de lágrimas estaba siendo la patronal CEOE. Ha sido la que más ha jaleado el decretazo y ejercido la función de defensa escoba en el partido que Aznar viene jugando en contra de los sindicatos, tanto en los diversos avatares previos a la huelga como en su valoración posterior, en la que algunos de los más destacados dirigentes patronales remedaron al ínclito Pío Cabanillas.

Pero todo tiene un límite. Y aunque la representación patronal en el Consejo Económico y Social (CES) hizo cuanto pudo para evitar que el dictamen emitido por esta institución a finales de junio sobre el anteproyecto de Ley de Empleo fuera lo más ponderado y menos hiriente posible para el Gobierno, no ha podido evitar que el texto resultante le haya sentado al Gobierno como un tiro.

Existe constancia de que en el debate que hubo en el CES, los distintos grupos que lo componen continuaron con la costumbre de esforzarse en no caer en encastillamientos de parte, a sabiendas de que la eficacia de lo que apruebe este órgano consultivo está en relación directa con el grado de consenso alcanzado en su elaboración. Consecuencia de este modo de operar es que, efectivamente, el dictamen resultó ponderado. Pero como el anteproyecto del Gobierno es, objetivamente, poco presentable en términos técnicos y de contenidos, lo aprobado por el CES no puede por menos que calificarse de varapalo.

Aun considerando positivo que se defina un Sistema Nacional de Empleo, que se preste una atención más personalizada a los parados y se modernicen los servicios públicos de empleo, el CES llama la atención sobre lo confusos que resultan en el anteproyecto 'los distintos aspectos relacionados con la confección, financiación, distribución y ejecución presupuestaria de las políticas activas de empleo'. Añade después que el texto gubernamental 'no responde a una concepción integral de la política de empleo, al no incluir en su definición la protección económica de las situaciones de desempleo'. Y, aparte otras consideraciones generales negativas, las remata con otro párrafo ilustrativo, en el que dice que si bien la exposición de motivos del anteproyecto 'apunta problemas tales como la alta tasa de paro, los desequilibrios territoriales, la excesiva temporalidad en la ocupación, la escasa participación de los servicios públicos de empleo en la intermediación laboral, o las dificultades de integración laboral de determinados colectivos, posteriormente no son objeto de regulación en el articulado'. ¡Curiosa Ley de Empleo ésta! No hace falta decir que con semejante frontispicio, apenas queda libre de críticas uno solo de los artículos de tan singular texto sobre el empleo.

Ajuicio de la representación sindical, había una parte del dictamen que ni el más ferviente deseo de consenso podía digerir: era la insuficiente crítica hacía el propósito del Gobierno de que se compatibilice el trabajo por cuenta ajena con la prestación por xdesempleo. Es decir, el Gobierno quiere que el parado que cobra desempleo y que sea susceptible de insertarse en programas de fomento del empleo, le entregue al empresario su prestación o, mejor dicho, que el empresario sólo le pague la diferencia entre tal prestación y el salario que corresponda a su trabajo. Esta aberración jurídica desnaturaliza el contrato de trabajo, pues el vínculo de obligaciones básicas que el contrato establece entre las partes consiste en que el trabajador se compromete a realizar una actividad laboral y el empresario a retribuirle con el salario correspondiente.

Además, con semejante medida, se condenaría a la más negra de las situaciones al parado que no cobra desempleo y se encuentra en circunstancias idénticas al de otro que sí lo cobra. Porque no puede pedirse a los empresarios que hagan de buenos samaritanos y contraten al que, en términos relativos, le sale infinitamente más caro. Aun con la oposición de la patronal, la enmienda prosperó; esto es, prosperó el rechazo a este propósito del Gobierno. El varapalo inicial del dictamen se hizo así un poco más fuerte.

En lugar de enfadarse con el CES, el Gobierno debería hacerlo consigo mismo. Pues el problema está en su anteproyecto de ley y en el bodrio de decretazo del que forma parte.