Internet y las Administraciones públicas
Más de un millón de españoles acaban de declarar su renta por Internet y la Seguridad Social gestionó el año pasado 46,6 millones de actos administrativos a través de su sistema de remisión electrónica de documentos, pero sólo en 13.818 hogares cumplimentaron online los últimos censos de población y vivienda. Los dos primeros son buenos ejemplos de las grandes oportunidades que la Red ofrece para hacer más cómoda la vida de los ciudadanos y de las posibilidades de la Administración pública electrónica para impulsar su desarrollo.
Si queremos que para el 2005, como vaticina un gurú, se haya cuadruplicado el número de usuarios y 2.000 millones de personas utilicen la Red en el mundo, habrá que empezar a poner ya los medios para que esa meta pueda alcanzarse, incluyendo el esfuerzo global y adicional de ir cerrando la llamada brecha digital, el espacio que separa a los info-ricos e info-pobres, que son esos 61 países en los que menos del 1% de la población utiliza hoy Internet Lo primero son los ordenadores personales que permiten acceder a la Red. Se cumplen ahora los 25 años del nacimiento del primer PC y se calcula que en el mundo se han vendido 1.000 millones, pero sólo una cuarta parte de ellos está en los hogares. Ambos datos nos advierten de que para llegar a esos 2.000 millones de internautas habrá que dar facilidades para comprar ordenadores o popularizar nuevas vías de acceso a la Red que compitan con su monopolio actual.
También hay que lograr que Internet sea más atractivo para sus usuarios potenciales. Para eso es necesario difundir la banda ancha, que permite navegar rápido, con comodidad y acceder a aplicaciones innovadoras que precisan transmitir gran cantidad de datos, y, por supuesto, ofrecer más y mejores servicios, y a ser posible gratuitos. Aquí es donde la denominada e-Gobernanza desempeña un papel decisivo como estímulo para atraer a más personas hacia la Red.
La oferta de servicios públicos gratuitos cuesta impulsarla si no se tiene como contrapartida el aliciente de cobrar algo por ella, como es el caso de los impuestos y las contribuciones sociales. En España funcionan bien en la Red la gestión de servicios como la matriculación en las Universidades y los trámites de aduanas, e incluso las denuncias policiales, pero lo que mejor se hace es el cobro de impuestos, principalmente IVA y sociedades, aunque la renta no le va a la zaga y en la última campaña se enviaron por la fibra óptica 1.134.003 declaraciones, el 8,1% del total y más del doble que un año antes.
En e-Gobernanza no estamos mal. El 58% de los servicios públicos españoles están online y son interactivos, y ese porcentaje está ligeramente por encima de la media europea, que es del 55% según el último eurobarómetro, pero todavía queda mucho camino por recorrer y los últimos informes paneuropeos nos advierten que España está perdido buena parte del impulso inicial, o que la mayoría de nuestros socios de la UE se han puesto las pilas y en el próximo eurobarómetro podríamos vernos por debajo de la media europea.
Hay que mejorar en registros (coches, nuevas empresas, etcétera) y sobre todo en servicios de emisión de documentos, como partidas de nacimiento, pasaportes, permisos de conducir o licencias de construcción, donde estamos en la cola europea.
La foto digital de España nos dice que las Administraciones tienen que redoblar sus esfuerzos para llevar los servicios públicos a la Red, en concordancia con el lema de la sociedad de la información para todos que preside el Info XXI, la respuesta española a la iniciativa política del Plan de Acción eEurope 2002, aprobado hace más de dos años en la cumbre de la Unión Europea en Lisboa y ahora actualizado en la de Sevilla.
El Info XXI está articulado sobre tres grandes ejes. Su objetivo es la incorporación de todos los ciudadanos y empresas a la sociedad de la información y el impulso al sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, pero también el desarrollo de la Administración electrónica. Por eso, una iniciativa que es prioritaria del Gobierno, según dijo José María Aznar en su investidura, requiere algo más que promesas y humo.
El Info XXI debe revisarse, o actualizarse al ritmo del nuevo eEurope 2005, y marcar a las Administraciones públicas una relación de objetivos concretos para la incorporación de sus servicios a la Red, con fechas exactas para cumplirlos.