La PAC que propone Fischler ahorrará 1.200 millones al año
La controvertida propuesta, que verá la luz pasado mañana, aboca a la desaparición definitiva de los subsidios a la producción, reduce un 3% anual las ayudas directas y devuelve a los Estados parte de la carga presupuestaria de la política agrícola. La organización Asaja calcula que la reforma supondrá que cada año el campo español pierda, al menos, en torno a 700 millones de euros.
La Comisión, según se lee en el texto que aprobará este miércoles, prevé que el nuevo sistema genere 'un ahorro de 200 millones de euros anuales' en ayudas directas, a los que se espera añadir una reducción del gasto de casi 1.000 millones en cada ejercicio. En 1999, la UE fijó en 40.500 millones el máximo del presupuesto agrícola anual para el periodo 2000-2006. La reforma logrará, según la CE, que el gasto se quede cada año 1.500 millones por debajo del techo pactado.
El documento que presentará el comisario Fischler asegura que ese margen de maniobra presupuestaria permitirá afrontar cualquier contratiempo ('depreciación del dólar, crisis alimentarias'), pero la mayoría de los países meridionales, con Francia al frente, denuncia una transformación encubierta de la PAC que amenaza con acabar con la actual política, como propugna Alemania.
El propio documento, de 31 páginas, describe la reforma, en primer lugar, como un cumplimiento del análisis previsto desde el año 2000 sobre la evolución de los mercados de cereal, oleaginosas, vacuno y lechero. Pero en la misma página nueve del texto se reconoce que 'esta tarea (...) también proporciona una oportunidad única para lograr los objetivos fijados en [los consejos europeos] de Berlín y Gotemburgo', citas que impulsaron, respectivamente, la transformación de la PAC y la incorporación del desarrollo sostenible como prioridad en la política europea.
Las drásticas reformas -según los países meridionales-, o tibias -a juicio de Alemania, Reino Unido, Holanda y Suecia-, se apoyan además en una agenda internacional marcada por la nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio y por el compromiso de la UE de abrir sus fronteras a las exportaciones agrícolas de los países más pobres del mundo.
El resultado, para disgusto de numerosas organizaciones agrarias, es 'la introducción de un pago único por explotación, desvinculado de la producción'. El nuevo sistema integrará 'todas las ayudas directas que recibe un productor por diferentes conceptos'.
Desincentivar el cultivo
Nada importa la producción que se logre, lo que puede suponer que en aquellas zonas donde los costes de producción sean altos, o no mucho más bajos que el coste del producto, el agricultor se desencentivará a la hora de cultivar (algunas de las fuentes consultadas por Cinco Días sostienen que incluso podría cobrarse la ayuda sin producir nada, dado que la OMC establece que en las ayudas verdes no se exigirá producción para percibir los pagos).
En todo caso, la reforma fija en 300.000 euros la subvención máxima que puede recibir anualmente un propietario. En lo que concierne a España, parece que sólo dos o tres centenares de agricultores superan ese umbral. Se introduce además una auditoría obligatoria para quienes reciban subsidios anuales por un valor superior a los 5.000 euro.
Bruselas calcula que el 75% de los agricultores no se verá afectado, pero señala que el 25% restante recibe el 80% de las ayudas, con lo que el impacto será significativo para esa minoría. Por sectores se reduce el precio de intervención en cereales (un 5%) y en arroz (50%), y se suprime la prima por res de vacuno.
El 70% del campo español, afectado
La propuesta del comisario de Agricultura, Franz Fischler será, en opinión de los líderes agrarios españoles, la piedra sobre la que se edificará una nueva ordenación del campo europeo en la que sólo tendrán cabida las explotaciones más productivas. Fischler la llama revisión; el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, reforma, y los agricultores, revolución.
Bruselas busca con el desacoplamiento entre ayudas y producción que los productores opten por cultivos de mayor rentabilidad. Este desacoplamiento afectará en gran medida a las zonas menos productivas, a las zonas marginales y de montaña (entre un 60 y un 70% del campo útil español), donde se espera que los agricultores cultiven lo mínimo: si la explotación no es rentable, al contar con una ayuda fija cuanto más se trabaje en la explotación más dinero se perderá.
Pero los agricultores temen que las explotaciones más improductivas, donde apenas se cultive, sean objeto de otra revisión en torno a 2006 en la que se aplicaría otro recorte de ayuda. La reforma actual ya supedita las ayudas, además, al cumplimiento de 'normas obligatorias sobre medio ambiente, bienestar animal y seguridad alimentaria'. Para adaptarse, el proyecto sólo prevé una ayuda regresiva durante cinco años, a partir de 200 euros por hectárea.