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Tasas

Quince alternativas al IAE

Uno de los puntos estrella de la reforma de la financiación local es dilucidar qué pasa con el impuesto de actividades económicas (IAE), una vez que el Gobierno se ha comprometido a suprimirlo para el 90% de las pymes.

La comisión de expertos aboga por que las actividades económicas sigan contribuyendo a las arcas municipales, aunque se reduzca drásticamente el número de contribuyentes de dicho tributo. Con todo, advierten de la dificultad de encontrar alternativas al IAE. Tanto es así que en el documento los expertos proponen hasta 15 alternativas. Nueve de ellas plantean el mantenimiento del impuesto, con un sistema de deducciones muy amplio en función de variables que van desde la cifra de negocios de la empresa, el beneficio neto, una cuota de tarifa mínima o la simple reducción de la estimación objetiva del IRPF. Otras seis alternativas proponen la simple sustitución del impuesto por diferentes gravámenes que van desde el consumo (una especie de IVA municipal) a la renta, las nóminas o la propiedad. Los expertos indican que, si lo que se pretende es disminuir la carga a determinados colectivos (como pymes), una de las mejores opciones es deducir el IAE de la cuotas a pagar en el IRPF o en el impuesto de sociedades. La decisión se la dejan al Gobierno.

El IAE tiene, en términos cuantitativos, una enorme importancia para los municipios, recaudando anualmente cerca de 1.800 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Es el segundo impuesto municipal, que acapara casi el 7% de sus ingresos no financieros, y cerca del 13% de su recaudación fiscal. Viene estipulado en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y fue el último impuesto municipal en entrar en vigor (enero de 1992). Sustituyó a las anteriores licencias fiscales (de actividades comerciales e industriales, profesionales y artísticas) y a los impuestos de radicación, publicidad y actividad ganadera independiente. El uso del IAE difiere considerablemente entre los distintos municipios, según las opciones elegidas por los Gobiernos locales para distribuir la carga tributaria.

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