El Gobierno andaluz exige 76 millones a Boliden por la vía civil
La Junta de Andalucía ha comenzado el proceso que culminará en una demanda civil contra Boliden Limited por un importe de unos 76 millones de euros en concepto de costes sufridos por las arcas andaluzas por la reparación de los daños causados tras el vertido tóxico de su filial Boliden Apirsa en el entorno de Doñana en abril de 1998.
El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó ayer al gabinete jurídico de Presidencia del Gobierno el inicio de acciones civiles por el vertido. Estas acciones se concretan en dos: la demanda civil por daños y perjuicios ante el tribunal, a la que hay que añadir el inicio de un expediente sancionador con posible multa de hasta 300 millones de euros por acción contaminante, según dijo ayer la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves.
La demanda civil pretenderá demostrar la vinculación entre Boliden Apirsa, la empresa minera actualmente disuelta y su matriz, la sueca Boliden Limited. La demanda será interpuesta tras el verano y sus trámites se han iniciado una vez que los tribunales de justicia han descartado la posibilidad de acusar a las 25 personas imputadas tras el proceso criminal abierto con las denuncias de la Junta de Andalucía, el Gobierno central, las organizaciones ecologistas y los agricultores afectados.
Coste de 150 millones
En el auto de archivo de la causa penal la juez del caso dejó abiertas las puertas a la posibilidad de que las partes iniciaran demandas civiles.
La Junta de Andalucía ha abierto fuego en esta vía al anunciar que su demanda pedirá indemnizaciones por el coste originado a las arcas de la comunidad en la reparación del vertido tóxico, con excepción de la cuantía empleada en la expropiación de 5.000 hectáreas de tierras pertenecientes a los agricultores afectados, en las que la Junta está promoviendo un corredor verde para recuperar medioambientalmente la zona.
El coste total de la reparación de los daños para la Junta ascendió a 150,3 millones de euros, pero más del 50% de esa cantidad fue empleada en las expropiaciones, gasto que no computa en la demanda.
Boliden, por su parte, anunció en su día la presentación de una demanda por importe de más de 420 millones de euros contra las dos filiales de Dragados que construyeron la balsa siniestrada.