La Audiencia Nacional admite el recurso de las eléctricas contra la regulación gasística
La sala de los contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la sala VI, ha admitido a trámite la presentación de un recurso de Unesa (patronal que agrupa a las empresas eléctricas) y de Endesa (líder del sector) contra las órdenes ministeriales sobre las actividades reguladas del sector gasístico. Estos demandantes habían solicitado el pasado 17 de abril el derecho de presentar un recurso contra la citada normativa, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 18 de febrero, tema que fue admitido por la Audiencia el pasado mayo.
Los recursos, según medios consultados, se centran contra la normativa que establece la retribución de las actividades reguladas del sector gasístico, así como en la que fija las tarifas para el gas natural y los gases manufacturados que se transporten por canalización. Esas órdenes ministeriales desarrollan el decreto del 3 de agosto del pasado año, en el que se regulaba el acceso de terceros a las instalaciones gasísticas y establecía un sistema económico integrado. Este conjunto normativo, además de concluir la regulación del sector, era preciso para fijar el valor de Enagás, cuyo capital debía abrirse a la competencia por disposición del Ministerio de Economía.
En esta línea, el folleto para sacar Enagás a Bolsa formulado por Gas Natural, propietario hasta la pasada semana del 100% de la compañía que controla las principales infraestructuras gasísticas, aunque no se refiere explícitamente a esta decisión de las eléctricas, admite las incertidumbres inherentes a una actividad regulada. En el citado folleto se subraya que Enagás 'opera en un mercado altamente regulado. La regulación existente nacional y europea, así como las decisiones políticas de la Unión Europea, del Ministerio de Economía y de la Comisión Nacional de la Energía determinan el alcance de las actividades que desarrolla Enagás y, por tanto, afectan sustancialmente a sus ingresos y a la forma en que se gestionan las actividades que desarrolla'. Enagás, se añade, no puede predecir el efecto de cualquier cambio legal.
Protestas anteriores
Las órdenes ministeriales del pasado febrero ya fueron fuertemente criticadas por las eléctricas, en parte por la remuneración que se reconocía a las infraestructuras gasísticas ya existentes, pese a la intención que entonces expresaban, que luego no se ha producido, de entrar en el capital de Enagás.
Adicionalmente, consideraban que la remuneración establecida inicialmente para las nuevas inversiones, que luego fue mejorada, no incentivaba su construcción en una etapa en la que el sistema gasístico está colapsado por el aumento de la demanda, en gran parte centrada en las nuevas centrales de generación eléctrica de ciclo combinado.
Respecto a la citada batería normativa, las eléctricas también criticaron el aumento de los costes de los peajes para las citadas centrales, como consecuencia de la supresión de la categoría de clientes especiales, de la que formaban parte.
Según las compañías eléctricas, adicionalmente, las órdenes ministeriales no incentivan la salida de los clientes de las tarifas, por lo que no se promueve la comercialización, al ser más conveniente para los clientes seguir utilizando las distribuidoras que utilizan la red de gasoductos. Y esa actividad es para esas compañías la clave para obtener clientes, excepto las que están en distribución.