El Ejecutivo incumple los plazos para reformar la financiación local
La resolución aprobada hace un año por el Congreso, con el voto a favor del PP, comprometía al Gobierno a coronar en los primeros meses de 2002 la negociación de un nuevo sistema de financiación municipal mediante la modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. El nuevo modelo, se decía en la resolución, debería efectuar una ordenación de la Hacienda local moderna, contemplando la supresión del impuesto de actividades económicas para el 90% de las pequeñas y medianas empresas y autónomos y la disminución del peso de la propiedad inmobiliaria como fuente de ingresos de las entidades locales.
La estrategia por la que ha optado el Gobierno es la de separar lo que llama la 'segunda descentralización', es decir, el traspaso de competencias de la Administración central y las Administraciones autonómicas a los ayuntamientos de la reforma de la financiación municipal, una forma de proceder opuesta a la que defiende el PSOE.
El PSOE pone condiciones
Según el responsable socialista de Política Municipal, Álvaro Cuesta, 'el Gobierno carece de modelo de financiación local y se muestra errático' en la formulación de sus propuestas. Para encarar la negociación, el PSOE pondrá varias condiciones. Una de ellas, según Cuesta, será que el nuevo modelo no aumente en ningún caso la presión fiscal. En segundo lugar, el Gobierno deberá retirar la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para flexibilizar la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos. El PSOE también considera imprescindible que estas instituciones vean crecer sus recursos y participen en la recaudación del impuesto sobre la renta (IRPF) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA), sin perder de vista la necesidad de que aumenten su participación en los ingresos del Estado.
La disposición del Gobierno a ceder a los ayuntamientos una cesta de impuestos para incorporar estas últimas exigencias parece abrirse camino, pero aún no ha trasladado al PSOE escrito alguno que avale su posición.
Al incumplir esta resolución aprobada por el Congreso en el debate del estado de la nación celebrado hace un año, el Gobierno tampoco ha atendido otros compromisos que contrajo en la misma sesión plenaria, como es la reforma del impuesto sobre actividades económicas (IAE), a través del cual las corporaciones locales obtienen el 7% de sus ingresos anuales.
En el mismo paquete fiscal también ha quedado sin cumplir la promesa de reformar el impuesto de sociedades, que según la resolución aprobada hace un año debería haber ido destinada a reducir la carga fiscal de las pequeñas y las medianas empresas, así como la aprobación de una nueva Ley General Tributaria, iniciativa que actualmente está en fase de borrador dentro del Ministerio de Hacienda pero todavía no ha llegado al Consejo de Ministros.