El Santander ante la justicia
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios dictó ayer un auto en el que se imputa a Emilio Botín y a otros miembros de la antigua cúpula del Banco Santander por la posible comisión de 138 delitos fiscales y de falsedad continuada. El caso se remonta a los años 1988 y 1989, cuando a través de las llamadas cesiones de crédito muchos inversores se beneficiaron de opacidad fiscal en este tipo de activos que ofrecía el banco. Pero la juez insta ahora al fiscal y al abogado del Estado a que se pronuncien sobre si es necesario el juicio oral para determinar los hechos o insisten, como ya han hecho en reiteradas ocasiones, en el sobreseimiento.
La decisión se produce después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia pidiera a la juez que se pronunciara sobre si procedía archivar el caso, tras considerar que no se puede apreciar una responsabilidad general del banco en el caso de las cesiones de crédito. La causa se abrió inicialmente a raíz de una querella presentada por José María Ruiz-Mateos, de la que desistió posteriormente. En marzo de 1992, la Agencia Tributaria denunció ante la Audiencia Nacional el posible fraude fiscal. En total, según el auto, el banco realizó 47.274 operaciones por un importe global de 433.000 millones de pesetas (2.602 millones de euros). Tras peripecias que incluyeron avales milmillonarios, luego rebajados drásticamente, el caso de las cesiones de crédito pasó de las primeras páginas a esconderse en el silencio, hasta esta reactivación sorprendente en medio de la gran tormenta financiera que sacude los mercados.
El auto de ayer pone de manifiesto, en primer lugar, la inseguridad jurídica que provoca la lentitud de la justicia, pues se trata de dilucidar ahora si hay base o no para juzgar hechos que transcurrieron hace 14 años. Pero, sobre todo, por encima de sus posibles consecuencias judiciales, desencadena una alarma que coincide con la tremenda desconfianza generada en los mercados por las manipulaciones contables destapadas en relevantes multinacionales norteamericanas. Coincide también con el caso de las cuentas secretas del BBV, instruido por el juez Baltasar Garzón con notoria prudencia.
En el auto de la juez Palacios figuran numerosas personas, entre ellas algún político destacado del PP, y empresas, que podrían haber cometido delito fiscal al haber sustraído al fisco impuestos por más de 15 millones de pesetas fruto de los beneficios de estas inversiones gestionadas por el banco.
Si después de tanto tiempo de actuaciones, las pruebas que sustentan el auto resultan fundamentadas, la acción de la juez tiene que ser aplaudida pese a la tardanza. Pero si resultara, como ya ha sucedido anteriormente, que el juicio oral no fructifica, ¿quién sería responsable de haber desatado la alarma? La crisis de confianza sobre la gestión de las sociedades apunta hoy directamente al primer responsable del mayor banco de España, y del buen juicio de este caso depende su futuro y el de la entidad que preside.