La juez Palacios ve indicios de delito en la actuación de Botín en el caso de las cesiones
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dado por terminada la investigación del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander en un auto, en el que afirma que existen indicios de que la cúpula de la entidad bancaria pudo contribuir a la comisión de 138 delitos fiscales. Palacios señala que los hechos podrían ser imputados al presidente del Banco Santander Central Hispano, Emilio Botín, así como a los directivos Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés, Lorenzo Solana y Ricardo Alonso.
Esta decisión llega pocos días después de que Santander Central Hispano anunciara la adopción de un nuevo código de gobierno con el que se busca garantizar la transparencia en la gestión y por el que se han nombrado tres nuevos consejeros independientes.
En el auto de transformación del procedimiento, la juez se dirige al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, al abogado del Estado y a la acusación que ejerce Iniciativa per Catalunya, para que pidan la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de las actuaciones o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.
En el escrito, la juez también imputa a todas aquellas personas que se prestaron a que se utilizase su identidad en sustitución de los titulares verdaderos de las cesiones de crédito que comercializó el Santander.
Productos 'opacos'
Los contratos de cesión de nuda propiedad de créditos o "cesión de créditos" fue un producto que comercializó el grupo Santander entre los años 1987 y 1991, y que permitía a los clientes evitar el pago de las retenciones a Hacienda, que suponían entre el 20% y el 25% del capital depositado. Entre estos años, el Santander hizo cerca de 45.000 operaciones y captó unos 2.400 millones de euros, lo que pudo suponer para Hacienda un fraude de unos 43 millones de euros.
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ya rechazó el pasado mes de febrero la petición del fiscal de archivar el caso de las cesiones de crédito. En el mes de abril, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que al Santander Central Hispano (SCH) no se le podía atribuir una responsabilidad general en el caso de las cesiones de crédito, sino que había que analizar su actuación particular en cada uno de los procedimientos abiertos a los clientes que contrataron estos productos.