Aprobada la Ley de Internet con el apoyo de CiU y Coalición Canaria
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, con el apoyo del PP, de Convergencia i Unió y Coalición Canaria. La ley entrará en vigor después del verano, y afectará a los prestadores de servicios en la red con ánimo de lucro ubicados en España.
La ley intenta entre otras medidas igualar las actividades económicas en Internet a las tradicionales, prohíbe la publicidad masiva sin permiso previo y fomenta la solución extrajudicial de conflictos.
Algunas medidas han suscitado las críticas de la oposición y de otros grupos sociales, una de las más discutidas ha sido la obligación de que las empresas almacenen durante un año los datos de navegación de todos los internautas.
Según el diputado del PP Juan Manuel Moreno, esos datos son "básicos para el éxito de investigaciones criminales", por lo que esta medida, "que incluye las necesarias cautelas", "era una obligación de cualquier partido" político que esté al frente del Gobierno.
Sin embargo, la diputada de Izquierda Unida Presentación Urán aseguró que esta medida reduce los derechos democráticos, no establece suficientes cautelas judiciales y crea sensación de inseguridad entre los ciudadanos, a los que se les considera desde el principio presuntos delincuentes.
El diputado de CiU, Jordi Jané, explicó durante el debate en el Congreso que su agrupación apoya esta enmienda porque en el Senado se modificó para que no pudieran acceder a los datos las autoridades policiales y para que su uso indebido implicara las sanciones más elevadas.
En cuanto al hecho de que esta medida se haya introducido a través de una enmienda en el Senado, la diputada socialista Francisca Pleguezuelos aseguró que el PP ha "hurtado el debate al Parlamento y a los ciudadanos" y ha utilizado una "técnica lamentable".
Dominios
Esta misma técnica ha sido utilizada para incluir la regulación de los dominios ".es" y para modificar la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones con el objetivo de sustituir las líneas telefónicas rurales.
Estas líneas no permiten que los abonados accedan a Internet a través de ellas, por lo que el Gobierno ha establecido a través de la nueva Ley que todas sean sustituidas antes del 2004, un plazo que para el PSOE y el Grupo Mixto es excesivo y que incluso CiU pidió que se agilizara.