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Columna
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Autogol de Aznar en Sevilla

Antonio Gutiérrez Vegara

Acusaba el presidente del Gobierno a los sindicatos de actuar contra los intereses de España por haber convocado la huelga general para la víspera de la Cumbre de Sevilla contra su política social, y a la oposición por cómplice de la convocatoria y, sin embargo, el mérito del fracaso es enteramente suyo.

Aparte la doble confusión que encerraban sus palabras, la de elevar a política de Estado cualquier reforma que proyecte el Gobierno y la de sustituir los intereses europeos -que son los que supuestamente han de tratarse en los Consejos de Europa- por los propios del Gobierno de turno en la presidencia, el traspiés en el broche final del semestre español es consecuencia de haberse desentendido de los objetivos a cubrir derivados de presidencias anteriores y del trueque a última hora de los que se marcó el Gobierno español en su propia agenda cuando tomó el relevo de la presidencia belga.

æpermil;sta le dejó encauzado el debate sobre la necesidad de una política común de seguridad y de exterior, llegándose a incluir en la declaración de Laeken conscientes de que es la laguna europea de mayor importancia, puesta en evidencia tras el 11 de septiembre. No obstante, con la vista puesta en la lucha antiterrorista, comprensible desde la realidad española pero miope desde una perspectiva europea, el Gobierno español eludió una materia de gran trascendencia para centrarse en la Orden Europea de Detención y Entrega, cuya promulgación no le ha reportado mayores dividendos políticos, puesto que había sido diseñada en la reunión de Gante de octubre del año pasado.

Los Quince habían dejado para la presidencia española el compromiso de evaluar y supervisar el funcionamiento del euro, pero más allá de simples problemas técnicos se referían al aprovechamiento de la unión monetaria en el desarrollo de la estrategia global recopilada en Lisboa -desde la macroeconómica hasta la de desarrollo sostenible pasando por la de empleo-.

Pero en la comunicación preparatoria de la Cumbre de Barcelona apenas se incluían referencias al nuevo escenario macroeconómico de menor crecimiento al previsto, para evitar el debate sobre la conveniencia de flexibilizar el Pacto de Estabilidad. El equipo de Aznar se mantuvo férreamente anclado en la defensa del equilibrio presupuestario a ultranza y en la tendencia a reducir los impuestos y los gastos públicos correspondientes. Sin embargo la flexibilidad se ha impuesto de la peor manera posible, que es la de que cada país haga de su capa un sayo con el Pacto de Estabilidad.

Francia lo hizo en la misma reunión del Ecofin, que tan celosamente quiso celebrar el ministro de Economía español el mismo día de la huelga general, e Italia dos días después de la cumbre sevillana.

Recibieron el informe positivo sobre las condiciones reunidas por 10 de los aspirantes al ingreso en la Unión Europea, a fin de que en este semestre se avanzara en el cumplimiento del calendario previsto para la ampliación. Un encargo que el Gobierno español asumió de mala gana y que finalmente ha incumplido dejándoselo a los daneses.

Si mal se han aplicado en el desarrollo del camino preparado por anteriores presidencias, peor es la impresión causada por la cruzada contra la inmigración ilegal que han introducido bruscamente.

Apresurándose a sacar partido del resultado de las elecciones francesas, se lanzó Aznar a propugnar el combate por tierra, mar y aire contra las redes que trafican con los inmigrantes y ha tenido que ser el propio Chirac quien le atemperase el ímpetu. No se contrarresta el auge del lepenismo cogiendo alguna de sus banderas, sino con la defensa radical de los derechos humanos. Ni se frenarán los flujos migratorios penalizando a los países pobres, sino con una política integral de inmigración que incluya la cooperación al desarrollo para ir reduciendo la pobreza.

Política en la que se incardinaban las propuestas elaboradas durante los dos últimos años por el comisario de Justicia e Interior, António Vitorino, varias de las cuales fueron retiradas de los primeros borradores confeccionados por el Gobierno español al inicio del semestre.

Obviaron, entre otras, las directivas sobre reagrupación familiar, el estatuto para los residentes de larga permanencia o la regulación común de las corrientes migratorias. Cercenaron los aspectos orientados a la integración y constriñeron el debate al tratamiento policial.

Paradójicamente, el fiasco del Gobierno de Aznar en esta materia ha sido uno de los resultados positivos de la reunión de Sevilla, que globalmente considerada no pasará a la historia de la construcción europea como un hito sino como un bache.

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