Villalobos no descarta ampliar la lista de fármacos de consumo visado
La ministra de Sanidad acudió ayer al Congreso de los Diputados para explicar a sus señorías por qué no se cumplen las previsiones de gasto farmacéutico que recoge el Pacto de Estabilidad.
La ministra sólo se atrevió a señalar como responsables a los médicos y a las comunidades autónomas, pues aseguró que la causa hay que buscarla en el incremento del número de recetas. Pese a su empecinamiento, Villalobos anunció que analizará el problema en el seno del Consejo Interterritorial.
La industria salió muy bien parada. Sólo se refirió a ella en dos momentos de la comparecencia. La primera vez usó la retórica y se preguntó si el incremento del gasto se debe a la presión que ejercen sobre los médicos los laboratorios o a la mala organización de los centros de salud; la segunda fue una alusión indirecta, cuando reconoció que el Gobierno sólo considera 'asumible' un crecimiento del gasto del 7% anual. La factura ha aumentado un 10,98% de enero a mayo, cuando el acuerdo con Farmaindustria recogía una subida en 2002 del 9,5%.
La portavoz de Sanidad del PSOE dio en la diana al recordar a la ministra que la facturación de los laboratorios ha crecido en tasa interanual un 12,70%. Matilde Valentín pidió a Villalobos que se pronunciara sobre la política de visados, tras su enfrentamiento con la Junta de Andalucía.
La titular de Sanidad explicó que su departamento ha decidido incluir los antiinflamatorios Vioxx (MSD, 36,78 euros, 28 comprimidos) y Celebrex (Pharmacia, 26,95 euros, 40 comprimidos) en la lista de medicamentos que necesitan autorización administrativa para ser prescritos, y aseguró que seguirá utilizando este procedimiento 'siempre que sea necesario', en referencia a la posibilidad de utilizar la medida para controlar el gasto.
Dicho esto volvió a arremeter contra el Gobierno de Manuel Chaves. Sanidad se haya desde hace meses enzarzada en una pelea judicial con esta comunidad por su decisión de restringir el uso de esos dos antiinflamatorios. En ocho meses, desde septiembre de 2001, el ahorro en la prescripción ha superado ocho millones de euros.
La medida está en los tribunales de justicia: tres recursos han sido interpuestos, uno por el ministerio y otros dos por la compañías farmacéuticas.