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El Ejecutivo ofrece diálogo para cambiar la reforma del desempleo

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró ayer que el Gobierno 'mantiene su política de diálogo social con los interlocutores sociales' pues, en su opinión, hay 'una importante agenda de interés para los trabajadores' durante la tramitación parlamentaria de la reforma de las prestaciones por desempleo.

Rato dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones en el texto del proyecto de ley tras recordar que ya ha aceptado cambios que afectan a los trabajadores agrarios de Andalucía y Extremadura. El vicepresidente se mostró dispuesto a estudiar las propuestas de todos los grupos parlamentarios y de cualquier sector social, ya que el único interés del Ejecutivo, añadió, es 'conseguir que haya mejores oportunidades de creación de empleo' y reducir el paro.

El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, se expresó en el mismo sentido. 'El Gobierno en ningún momento se ha levantado de la mesa, mantiene la mano tendida, y le gustaría retomar ese camino', señaló.

La disposición del Ejecutivo a 'tender la mano' a los sindicatos después de la huelga general fue expuesta el pasado lunes por el presidente del Gobierno, José María Aznar, en la junta directiva del PP. Allí dejó claro también que esta actitud no quiere decir que el Ejecutivo esté dispuesto a rectificar los contenidos básicos del proyecto de ley ni tampoco a renunciar al resto de las reformas que anunció en su programa de investidura.

Objetivo de pleno empleo

En la misma línea que el presidente, Rato recordó ayer que el Gobierno está dispuesto a luchar por el objetivo del pleno empleo. Desde el Palacio de la Moncloa se mantiene que Aznar no tiene interés en enturbiar más la relación con los sindicatos aunque el Gobierno haya encontrado una posición inflexible en ellos durante la negociación de la reforma de las prestaciones por desempleo. La intención del Gobierno es dejar pasar unos días para que las centrales sindicales analicen el impacto de la huelga.

En este contexto, se explica que el Gobierno haya eludido dirigir sus críticas directamente contra las centrales sindicales convocantes de la protesta para colocar en su diana al PSOE, partido al que responsabiliza de la convocatoria de la protesta.

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