Ley Financiera o papel mojado
El Congreso remitió la pasada semana al Senado el proyecto de Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, más conocida como Ley Financiera. A pesar de más de 20 meses de retraso sobre lo previsto inicialmente, este trascendental proyecto para el sistema financiero español sigue su trámite parlamentario rodeado de polémica y carente del deseable consenso.
Se trata de una ley ómnibus que pretende resolver con un debate general la modificación de aspectos sustanciales de casi una veintena de normas con rango de ley, pero que hurta debates sectoriales sobre muchos de los cambios a aprobar. No le falta razón a la oposición cuando critica esto. La prueba está en la dureza del dictamen del Consejo de Estado sobre un proyecto de ley en el que ha detectado elementos sustanciales de difícil aplicación. Tal y como está planteada, la Ley Financiera conduce a una fragmentación del ordenamiento que, en línea con las denostables leyes de Acompañamiento a los Presupuestos, es incompatible con el principio de seguridad jurídica que consagra la Constitución.
La parte más controvertida del proyecto es la reforma de las cajas de ahorros que, por decisión del Gobierno, se ha ido introduciendo en forma de enmiendas. Las medidas se han ido conociendo por goteo, con enmiendas de quita y pon en función de la eficacia de los distintos grupos de presión. La ausencia de consenso entre los principales partidos y las suspicacias despertadas en muchas comunidades autónomas por la inclusión de normas que podrían invadir sus competencias puede dejar en suspenso su aplicación práctica, que dependerá, en último término, de la colaboración de los Gobiernos autónomos para cambiar sus propias leyes de cajas.
La polémica suscitada en torno al límite de 70 años de edad para ser consejero o presidente de una caja ha difuminado un imprescindible debate sobre medidas de mayor calado. Es el caso de la limitación del 50% del peso del sector público en los órganos de gobierno de las cajas o la emisión de cuotas participativas, más importantes para la verdadera profesionalización del sector y para su capacidad para ampliar recursos propios. Lo que se ha puesto de manifiesto de nuevo es que las cajas siguen siendo un bocado demasiado apetecible para que lo cedan los políticos.
Pero la Ley Financiera pretende resolver también cuestiones como la normativa sobre la información privilegiada en los mercados, las competencias de la CNMV, el nuevo escenario para la actuación de los auditores y, en fin, la protección de inversor. Son aspectos demasiado trascendentes como para que se resuelvan sin un mínimo consenso parlamentario. Si no es así, la impresión que se fijará en los ciudadanos es que la Ley Financiera es un mero compendio en el que el Gobierno ha ido prendiendo sólo, sobre la marcha y con alfileres, parches de urgencia por casos como el de Gescartera, las cuentas ocultas del BBVA o el escándalo Enron. Y eso dejaría en papel mojado, es decir, en mero eslogan, un ambicioso proyecto legislativo.