Garzón imputa a nueve directivos de Canal Trust por presunto fraude fiscal

El magistrado también ha hecho lugar al resto de solicitudes planteadas por el fiscal en su escrito del lunes pasado. El hasta ayer testigo Íñigo Sagarduy, ex responsable de Canal Trust, se ha convertido en imputado a partir del auto que Garzón envió ayer a las partes. Sagarduy, quien estaba citado a declarar el próximo martes 18, concurrirá ese día acompañado por su abogado. También deberá declarar otra vez el ya imputado Gabriel Moreno, aunque no se conoce aún la fecha en que lo hará.

De esta manera, el juez ha aceptado ambas peticiones del fiscal Martínez Madero. Pero se trata sólo de una pequeña parte de las solicitudes formuladas en el escrito enviado por la fiscalía a Garzón el pasado lunes.

Porque, sin dudas, el punto más importante del auto del magistrado ha sido la decisión de imputar a otras 10 personas, además de Sagarduy. Se trata de los directivos de Canal Trust implicados en una denuncia de Nicolás Ucelay Sabina contra su hermano Roberto, ambos hijos del fundador de Tabacos Corona, Francisco Ucelay Cambreleng. Atendiendo la petición del fiscal, bajo la rúbrica de 'utilización de la estructura de Jersey' para cometer delitos de defraudación en perjuicio de la Hacienda pública, Garzón ha imputado a Javier Cascajero, Julio Antonio Cisneros, Alejandro García Serrano, Frank Joseph Casado, Neale Howard Butler, Martin John Taylor, Michael Tully y Ann Dugdale. Además de estos directivos de Canal Trust, el juez también ha imputado al mencionado Roberto Ucelay y a su abogado, Rafael Perera Alonso.

Estos dos últimos imputados han figurado como administradores de Construcciones Masca, una sociedad calificada por el fiscal como 'inactiva e instrumental', es decir, que actuó como cobertura para la evasión fiscal. En su escrito, el fiscal Martínez Madero detalla la denuncia de Nicolás Ucelay, en la que se relatan una serie de operaciones entre las que se incluye la venta a Vancouver Finance Company, domiciliada en Jersey, de 18 locales comerciales heredados por los hermanos Ucelay a un precio 'notoriamente inferior al del mercado'. Mientras la parte vendedora estaba representada por Roberto y Francisco Javier Ucelay, Vancouver tenía como directivos a los directivos de Canal Trust ahora imputados. En el caso de Construcciones Masca, el fiscal denuncia que sirvió para la aportación de 54 millones de pesetas al capital de esa sociedad por parte de la sociedad irlandesa Simwell Investment, cuyos accionistas son los mismos que los de Vancouver: Canal Trust, BIBJ Management Ltd.

De acuerdo con el fiscal, estos hechos conforman 'un ejemplo práctico de los fines a los que sirven los 'productos fiduciarios' en su versión de 'compañías' domiciliadas en Jersey con accionistas 'nominatorios', en el caso de Vancouver, o de 'compañías' domiciliadas en Irlanda por accionistas nominatarios domiciliados en Jersey, en caso de Simwell, comercializados por el banco denunciado'. Moreno será llamado a declarar por estos hechos. El juez también acordó cursar comisión rogatoria a Jersey para pedir la identidad completa de las personas físicas y jurídicas relacionadas con la denuncia de Ucelay, y pide documentación al BBVA.

Por otra parte, Garzón, quien rechazó dar cabida al Partido Popular como acusación popular, midió con una vara diferente las peticiones de personación realizadas hace ya dos meses por los sindicatos CC OO y UGT.

En el caso de estas dos últimas solicitudes, el magistrado las aceptó, pero no como acusación popular, sino como acusación particular, considerando que se presentan en defensa de los intereses de sus afiliados, y no de los intereses colectivos de toda la comunidad.

Asimismo, no se opuso a la personación como acción popular de la Asociación para la Defensa de los Impositores de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), pero rechazó reducir la fianza exigida de 125.000 euros, pues dicha asociación 'no ha demostrado la falta de fondos' para hacerlo.

El juez rechaza la personación del PP en la causa

 

Baltasar Garzón ha rechazado en duros términos la petición de personación realizada por el Partido Popular, en carácter de acusación popular, en el caso BBV.

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la línea argumental del fiscal David Martínez Madero, el juez de la Audiencia Nacional ha avanzado incluso más allá en los razonamientos jurídicos que le llevaron a denegar la petición del partido de Gobierno.

 

 

 

En su auto, el juez sostiene que los partidos 'no deben, como personas jurídicas que son, ocupar un lugar que no les corresponde en los procesos penales que no les afectan directamente'. En este sentido, afirma que el escrito del PP 'no reúne los requisitos mínimos de concreción fáctica y subjetiva'.

 

 

 

Pero va más allá al indicar que si no se hace 'en defensa del interés común', la petición puede 'perseguir la desvaloración del propio proceso penal, convirtiéndolo en escenario de pugna política ante el fracaso de otras iniciativas o para hostigar al contrincante político'. Una definición que despertará alguna respuesta.