La fiscalía pide que se investiguen cuatro firmas ligadas a Canal Trust

El escrito detalla una denuncia formulada por Nicolás Ucelay Sabina, uno de los hijos del fundador de la fábrica de cigarrillos Coronas, Francisco Ucelay Cambreleng, en contra de dos de sus hermanos.

De su relato se desprenden dos operaciones que la fiscalía ubica en el marco de la ¢utilización de las estructuras de Jersey¢. La primera de ellas habría sido la venta, a un ¢precio notoriamente inferior al de mercado¢, de 18 locales comerciales del patrimonio de la familia Ucelay a una sociedad de Jersey denominada Vancouver Finance Company Ltd. Según el denunciante, la venta habría servido para que sus hermanos pudieran hacerse con la totalidad del valor real de las propiedades, además de una inversión de 440 millones de pesetas, ocultando su identidad tras Vancouver. La firma tiene como accionistas testaferros, señala el escrito, a Canal Trust Company Ltd., BIBJ Management Ltd. y BIBJ Nominees Ltd.

La segunda operación denunciada por Nicolás Ucelay es una aportación de 54 millones de pesetas realizada en julio de 1996 al capital de la sociedad limitada Construcciones Masca, por parte de la sociedad irlandesa Simwell Investment Ltd. Los accionistas de Simwell son también BIBJ Management, BIBJ Nominees y Canal Trust. Esta última es la administradora de Simwell y entre sus directores se encuentran, entre otros, Gabriel Moreno (imputado en el caso BBV), Íñigo Sagarduy, ex consejero también imputado. El fiscal califica a Construcciones Masca como ¢una sociedad inactiva e instrumental¢.

Estos hechos denunciados conforman, según el escrito, ¢un ejemplo práctico de los fines a los que sirven los llamado productos fiduciarios en su versión de compañías domiciliadas en Jersey con accionistas nominatarios¢. Concretamente, el fiscal apunta a la ¢ocultación de la titularidad de las rentas y patrimonios en defraudación de terceros como pueden ser los coherederos y la Hacienda pública¢. Por todo esto, se solicita incluir a las actuaciones del caso las denuncias de Ucelay Sabina y se pide al juez que tome declaración como imputados a Roberto Ucelay Sabina y a su abogado y administrador de Construcciones Masca, Rafael Perera Alonso. La misma condición de imputados se reclama para los nueve directivos de Canal Trust Company Ltd.

Por otra parte, la fiscalía aporta al juez una investigación realizada a través del Registro Mercantil de Gentar, mencionada por el imputado Manuel López López durante su declaración de finales de mayo ante Garzón. Entonces, López reconoció que formaba parte del consejo de administración de esta sociedad inmobiliaria como testaferro y de la cual fue apoderada, hasta 1999, María Ybarra Aznar, hija del ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra Churruca. Los elementos de la fiscalía buscan demostrar que las escasas operaciones y la abultadas ampliaciones de capital social de Gentar, de 10 a 150 millones de pesetas, podrían encubrir ¢posibles defraudaciones tributarias no prescritas¢ por unos 90.000 euros.

En el mismo punto del escrito se alude a Equipos Industriales de Manutención, otra sociedad que incurriría en los mismos delitos presuntos de Gentar.

Mercantil Probursa

La Fiscalía Anticorrupción incluye también en este escrito una serie de documentos que le entregó el Banco de España el pasado 14 de mayo. En estos materiales, que se anexan al escrito entregado al juez, habría elementos de peso que probarían, según la fiscalía, que el BBV pagó un sobreprecio por las acciones compradas en 1994 para entrar en el mexicano Grupo Financiero Probursa, sociedad propietaria de Multibanco Mercantil Probursa. Lo que llama la atención del fiscal es que el BBV adquiera, con la autorización del Banco de España, el 22,15% de Comercial Mercantil Probursa a las tres sociedades que lo detentaban: Ancla Investments, de Panamá; Canal International Holding, de Luxemburgo, y Desarrollo Omega, también de Panamá. Estas tres firmas, residentes en paraísos fiscales, pertenecían en un 100%, indirectamente, al BBV.

A juicio del fiscal, la razón de esta operación está en uno de los documentos aportados por el Banco de España, en que se afirma: ¢La razón de esta traslación es fiscal, importar las pérdidas (al comprar acciones por encima del precio de mercado) al BBV (...), con objeto de traer base imponible negativa. En otro caso no sería posible, dado que la tenedora intermedia tiene reservas más que suficientes para asumir la pérdida... Con lo que ésta no se trasladaría al BBV¢.

Para ahondar en esta investigación, la Fiscalía Anticorrupción solicita copias a Hacienda de las declaraciones del impuesto de sociedades del Bilbao Vizcaya entre 1995 y 2000, así como diversa y amplia documentación al BBVA. Entre esta última, una que requiere un informe relativo al efectivo fiscal para BBV de la compra por parte de BBV International Investment Corporation, de Puerto Rico, de las acciones de las tres sociedades mencionadas. El fiscal solicita que estos requerimientos se practiquen en un plazo no superior a los 10 días, a partir de su notificación.