Rajoy se ve obligado a rectificar sus previsiones para ilegalizar Batasuna
A primera hora de la mañana de ayer, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, anunciaba en un desayuno organizado por Europa Press la intención del Gobierno de instar la ilegalización de Batasuna inmediatamente después de la entrada en vigor de la Ley de Partidos, a final de mes. El revuelo político levantado por estas declaraciones provocó a media mañana la rectificación del propio Ministerio del Interior, desde donde un portavoz oficial precisó que el Gobierno no impulsará la ilegalización de la coalición aberzale hasta que se produzcan algunas de las conductas previstas en la ley.
El artículo noveno de esta norma prevé la ilegalización de un partido cuando ofrezca respaldo político al terrorismo, fomente la violencia o incluya en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, de viaje en Atenas, también intentó zanjar la polémica: Batasuna se ilegalizará, dijo, 'en el momento justo y oportuno', informa Efe.
Para la mayoría de las formaciones políticas, la posibilidad de instar la ilegalización de Batasuna nada más aprobarse el proyecto de Ley de Partidos, paso que el Senado prevé dar el próximo día 25, sería tanto como fomentar desde el propio Gobierno la retroactividad de la norma, aspecto contra el que ha hecho especial hincapié el PSOE durante el trámite parlamentario.
El portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, percibió en el primer anuncio del ministro del Interior, más tarde rectificado, un intento del Ejecutivo de distraer la atención sobre la huelga general convocada para el próximo 20 de junio.
Por el contrario, en las filas del PP y del propio Gobierno no se tuvo la misma percepción, sobre todo por el temor de abrir un nuevo frente político de tensión con el PSOE, esta vez en un asunto tan sensible como la lucha antiterrorista.
Descoordinación
Fuentes del PP reconocían ayer que hay un notable desconcierto por la descoordinación que últimamente demuestra el Gobierno en asuntos clave como la inmigración o la propia convocatoria de huelga, sin olvidar el enfrentamiento con la Conferencia Episcopal. La semana pasada, el propio ministro del Interior desautorizaba públicamente al delegado para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, después de que éste hubiera anunciado una amplia reforma de la Ley de Extranjería. Mariano Rajoy repitió ayer que los cambios en ésta serán muy limitados.
El pasado lunes, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, rectificaba con el acompañamiento del vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, y del secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, su propio anuncio de reforma del real decreto de 1977 que regula el derecho de huelga en caso de que el 20 de junio los sindicatos no respetaran los servicios mínimos. Las declaraciones de Aparicio excitaron todavía más los ánimos de las centrales convocantes, que acogieron las mismas como una provocación.