La mitad de los programas de los ordenadores españoles son piratas
Jordi Pons, presidente para España de la asociación de lucha contra el fraude informático Business Software Alliance, BSA, explicó que, si se cruzan los datos de ventas proporcionados por los fabricantes de ordenadores con los de las empresas de programación, parece que la mitad de los ordenadores personales de nuestro país, lo que suma unos tres millones y medio de máquinas, no llegan nunca a funcionar, puesto que nadie ha comprado programas para ellos. En realidad sí operan, pero ilegalmente.
Dado que la industria de programación invierte el 15% de sus ventas en investigación y desarrollo, un porcentaje inusualmente alto, BSA afirma que la piratería informática perjudica el desarrollo tecnológico, tiene importantes repercusiones sobre el empleo o el crecimiento y perjudica la recaudación fiscal.
Aunque desde 1995 hasta 1999 la piratería menguó en el mundo y en Europa, desde 2000 está repuntando, según datos de la consultora IRC. En 1999, en todo el mundo había un 36% de copias ilegales de programas, dato que aumentó hasta el 37% en 2000, y se disparó hasta el 40% en 2001. Igualmente, Europa sufría un 34% de piratería en 1999 y 2000, pero en 2001, por primera vez en más de un lustro, ha vuelto a crecer y ha llegado al 37%. Las pérdidas que provoca el fenómeno son de 11.600 millones de euros en el mundo, 2.800 millones en Europa y 113 en España.
Aunque el número de copias ilegales ha aumentado, el valor monetario del fraude ha disminuido en 2001 porque el dólar se depreció y porque los programas, que siguen bajando de precio, se abaratan especialmente durante un año de desaceleración. Pons explica que el fraude ha repuntado por culpa de la mejora de los sistemas de copia y distribución, a causa del crecimiento de Internet, y porque han fallado los sistemas de concienciación ciudadana.
Certificado de Aenor
BSA ha pedido a la Unión Europea que elabore una directiva para reforzar la persecución de la piratería. Además, esta asociación se ha propuesto asistir a la judicatura con la elaboración de un manual sobre la naturaleza de estos delitos. Pons afirma que el fraude informático es un delito socialmente aceptado que se realiza sin saber que en España puede ser castigado con cuatro años de prisión y 216.000 euros de multa.
Se estima que un 15% de las copias ilegales españolas se distribuyen a través de Internet y que el fraude afecta al 75% de las pymes. En muchas empresas, los empleados instalan programas ilegales sin que lo sepan sus jefes, y si el problema afecta también a los particulares, es especialmente sancionable en el caso de las empresas, ya que usan estas herramientas para crear productos comerciales sin pagar por ellas.
BSA coopera con Aenor para promocionar un certificado que acredite que una determinada empresa no usa programas ilegales. Esa prueba de honestidad puede ser una ventaja competitiva al funcionar como un reclamo para estimular las ventas.