Aparicio da marcha atrás en la ley de huelga

Las declaraciones realizadas el fin de semana por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, sobre la posibilidad de reformar la ley de huelga en función de lo que ocurra el 20 de junio con el cumplimiento de 'servicios esenciales' continuaron ayer caldeando el ambiente político previo a la fecha de la huelga general convocada por los sindicatos. Los secretarios generales de las centrales sindicales UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, respectivamente, señalaron que la intención de modificar el texto vigente desde 1977 es 'el colmo del desvarío' del Gobierno.

Desde el Ejecutivo ayer se intentaron matizar los comentarios del ministro. El propio Aparicio, en unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), admitió ayer que, al menos en breve, 'no toca' un nuevo anteproyecto de ley de huelga.

'No voy a entrar en una elevación de tono del debate, que interesa a quienes desean sustituir los argumentos por más crispación', dijo el ministro. Desde el PP, el secretario general, Javier Arenas, aseguró que no se reformará la citada ley en un horizonte cercano. No obstante, Aparicio admitió que ciertos aspectos de la ley como los servicios mínimos deberían ser abordados nuevamente por sindicatos y patronal, desde el punto de vista de la autorregulación. En esta línea, el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, señaló que los servicios mínimos para la huelga general se harán sobre una legislación 'antigua' que 'debería modernizarse'.

Aparicio recordó que la tutela de los derechos de huelga y de los servicios mínimos la ejercen los jueces por ley, y no debería apropiársela ni el Gobierno ni los sindicatos. Para el ministro, el impacto económico de la huelga general será siempre negativo, no sólo por su incidencia en la producción bruta del país, sino también porque se dañan las expectativas de pronta recuperación.