El 24% de los presidentes de cajas de ahorros, afectado por el límite de edad

La enmienda de la Ley Financiera que impone un límite de 70 años para ser nombrado presidente o consejero de una caja se ha convertido en la más polémica de la reforma. Si el próximo jueves se aprueba el proyecto en el Pleno del Congreso y no hay ninguna modificación en su paso posterior por el Senado, la ley, que entrará en vigor en octubre o noviembre, forzará la salida de al menos 11 presidentes de aquí a 2005, según la fecha en la que termine su mandato.

Aunque la mayoría de los que deben salir son más honoríficos que ejecutivos, en la criba hay nombres tan emblemáticos como el del presidente de La Caixa, Josep Vilarasau, de quien nadie niega su carácter ejecutivo, y Antoni Serra Ramoneda, de Caixa Catalunya, uno de los personajes más carismáticos del sector, que cumple 70 años en 2003 y acaba mandato en 2004.

La posibilidad de que la reforma quede en suspenso si algún Gobierno autonómico la recurre por invasión de competencias, el periodo de adaptación de las leyes autonómicas a la ley estatal y el hecho de que muchas entidades estén pendientes de procesos electorales para renovar sus consejos hace difícil determinar con exactitud el número de consejeros afectados, pero fuentes del sector lo elevan a más de 100.

La medida ha recibido una fuerte contestación por parte del sector, que la considera una intromisión. Se critica que se limite la edad de los consejeros de las cajas y no la de los miembros del consejo de administración de los bancos si el argumento utilizado para imponer este tope es la necesidad de adaptarse a las recomendaciones del Código Olivencia del buen gobierno de las entidades.

Un repaso por la situación de los consejos de las cajas por comunidades autónomas lleva a la conclusión de que las catalanas son las más afectadas. De hecho, la Ley Financiera forzará la jubilación de la mayoría de sus presidentes. En el caso de que la norma tenga que aplicarse el próximo año tal y como está redactada, ocho de los 10 presidentes deberán abandonar sus cargo antes de 2005 y al menos cuatro de ellos lo tendrán que hacer en la próxima asamblea de su entidad, en 2003.

Aunque todavía hay muchas dudas sobre cómo responderá CiU a la aprobación de la Ley Financiera, lo cierto es que las cúpulas de todas las entidades están inquietas y, en muchos casos, irritadas.

Vilarasau se verá obligado a dejar la presidencia de La Caixa en marzo de 2003. En esas mismas fechas, debe salir el presidente de Caixa de Terrassa, Oriol Badia (68 años). Además, en 2005, el vicepresidente segundo, Francesc Armengol, y el vocal, Albert Vilardell, ambos con más de 70 años, acabarán su mandato.

También están seriamente afectadas Caixa de Tarragona y Caixa Manlleu. En Tarragona, su presidente, Gabriel Ferraté, y su vicepresidente, Luis Vives Ayora, tienen más de 70 años. Vives concluye su mandato en 2003, pero Ferraté ha sido elegido hasta 2005. En Manlleu ocurre algo similar, los dos vicepresidentes, Josep Espona y Pere Roquet, tienen más de 70 años y acaban su mandato en 2003. Por su parte, el presidente, Pere Rifá, lleva 16 años en el consejo, pero acaba su mandato en 2005. También alcanzan esa edad los presidentes de Caixa Sabadell, Caixa Laietana y Caixa Penedés.

En Galicia, afecta a dos de los presidentes de Caixanova procedentes de la caja fusionada, pero la entidad tiene que renovar el consejo en la segunda quincena de junio, antes de que la ley entre en vigor. Es, por tanto, la última oportunidad que tendría la caja para nombrar presidente al actual director general, Julio Fernández Gayoso que supera los 70, aunque lo normal es que ante los cambios normativos previstos se decida elegir a un presidente más joven. En Caixa Galicia, el presidente tiene 66 años; le quedaría un mandato.

En Castilla y León, sólo afectaría por edad al presidente del Círculo Católico de Burgos, Juan Manuel Velázquez, aunque como en el caso de Cajasur, al tener la peculiaridad de ser una caja controlada por la Iglesia puede no verse afectada por la Ley Financiera. Del resto, el de más edad es el presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, pero tiene por lo menos otro mandato por delante. Los dos presidentes de las cajas más importantes, Caja España y Caja Duero, tienen 54 y 61 años, respectivamente, por lo que no están afectados. Pero Sebastián Battaner, de Caja Duero, tendría que haber dejado su cargo en el caso de que la enmienda que limita el mandato a 12 años no incluyera una transitoria para permitir su reelección.

En Valencia no están afectados los presidentes, pero hay un miembro del consejo de la CAM y tres en Bancaja con más de 70 años. En todo caso, en esta comunidad la Ley de Cajas data de 1997 y con su entrada en vigor se hizo una renovación total que puso el contador a cero.

En Aragón, Cantabria, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Madrid, Extremadura y Andalucía no hay ningún presidente en edad de jubilarse.

La legislación andaluza, más restrictiva

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cajas andaluzas se encuentran entre las menos afectadas. De hecho, en algunos puntos la legislación autonómica es más restrictiva que la ley nacional y ya limitaba la edad de los altos cargos de las entidades a los 70 años, además de fijar en ocho años el mandato máximo, informa Rosa Coronilla. La Ley Financiera establece un máximo de 12 años. A estas circunstancias se añade que las entidades andaluzas acaban de renovar sus órganos de gobierno para adaptarlos a la Ley andaluza de Cajas y cuatro de los seis presidentes andaluces están estrenando sus cargos tras tomar posesión las pasadas navidades. Se trata de José María Bueno Lidón (El Monte), Alfredo Pérez Cano (Caja San Fernando), Antonio María Claret García (La General de Granada) y Arcos Moya (Caja de Jaén). Por edad tampoco estos cuatro presidentes, que no rebasan los 55 años, se ven afectados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo repiten en sus cargos Braulio Medel, presidente de Unicaja, y Miguel Castillejo, presidente de Cajasur. El segundo de ellos, que tampoco se adaptó a la ley andaluza por ser recurridos ante el Tribunal Constitucional los contenidos referidos a Cajasur, ha quedado excluido de la Ley Financiera atendiendo la peculiaridad de esta caja cordobesa controlada por la Iglesia. Sin esta excepcionalidad, Castillejo se hubiera visto obligado a dejar su puesto porque tiene más de 70 años y lleva al frente de la entidad corbobesa más de 12 años.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También Braulio Medel ha superado este límite, aunque en distintas entidades, y podría verse obligado a dejar la presidencia de Unicaja antes de lo previsto. Su continuidad ya estaba condicionada por la Ley andaluza de Cajas, que fijó un único mandato de cuatro años más para aquellos presidentes, como Medel, que al entrar en vigor la norma autonómica ya llevaban en sus puestos más de ocho años. Medel es presidente de la malagueña Unicaja desde que nació esta entidad, en 1991.