Una injusticia que da mala imagen

A 10 días vista de la huelga general convocada por los sindicatos, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso y uno de los máximos responsables de UGT expresan aquí argumentos contrapuestos sobre el paro

El Consejo de Ministros aprobó, por sorpresa y vía de urgencia, utilizando el real decreto ley, la reforma del sistema de protección por desempleo. El Gobierno ratificó así la actitud prepotente que mantiene en defensa de una reforma que resta derechos, insulta y castiga a los desempleados, abarata el despido, fomenta la precariedad, merma la protección y, en definitiva, apuesta por un modelo antisocial, que pretende minimizar el Estado de bienestar.

Esta reforma es la razón principal que ha motivado la huelga general del 20 de junio y se engloba en una política económica que favorece a los que más tienen, en detrimento de los trabajadores. El Gobierno penaliza a quien ya tiene el castigo de carecer de empleo, identificando al parado como vago, agrede a los ciudadanos y da una patada sin precedentes al diálogo social.

Los sindicatos no nos hemos prestado a escenificar una pantomima como pretendía el Gobierno. Hemos exigido la retirada de un documento que hablaba de ineludibles recortes, cuando nosotros hablamos de lo contrario, de mejoras. De mejorar la protección y las políticas que den oportunidades a las personas en paro, porque España está en el furgón de cola de la UE, más de la mitad de los parados no cobra prestación (las medidas del Gobierno ni los tienen en cuenta) y encima el superávit del Inem (1,7 billones de pesetas, 10.217 millones de euros, entre 1998 y 2001), que debería destinarse a corregir esta situación, el Gobierno lo utiliza para que le cuadren las cuentas presupuestarias y conceder más subvenciones a las empresas.

En seis años el Gobierno del PP ha multiplicado por 10 los recursos a las empresas, con el dinero del Inem, y la protección por desempleo ha descendido significativamente. En 1995, España dedicó 2,3 puntos de su riqueza para proteger a los parados y en 2001, sólo 1,4 puntos.

A pesar del trato de favor a las empresas, empleo y paro siguen empeorando; la última y desgraciada reforma impuesta el pasado año está aumentando la precariedad; los precios continúan descontrolados, sin que el Gobierno haga nada para evitarlo, y los impuestos siguen favoreciendo a los más ricos en detrimento de las economías más débiles (pese a la tan publicitada reforma del IRPF).

El 20-J debe convertirse en el contundente rechazo de los trabajadores y trabajadoras a las intenciones del Gobierno, que culpa a los parados de una situación de la que son víctimas, debe ser una movilización por el empleo estable, digno, seguro y con derechos.

Con la reforma del Gobierno se cambia la naturaleza jurídica de la prestación, y lo que en España y en toda Europa es un derecho subjetivo del trabajador por el que se ha cotizado pasa a ser una concesión administrativa, susceptible de ser graciosamente concedida y mantenida.

El parado no es un vago, ni la reforma va a incentivar la búsqueda de empleo, porque es bastante incentivo la necesidad de tenerlo. Según el Inem, en 2001 la duración media de los derechos reconocidos fue de 14,80 meses, pero la media de los derechos consumidos por los perceptores fue la mitad, 7,27 meses.

Tampoco un parado rechaza ofertas adecuadas. Según el Inem, en 2001 sólo 1.830 personas en paro han sido sancionados con la retirada de la prestación por rechazar una oferta, de un total de dos millones gestionadas.

Lo que no puede ser es que el Gobierno ponga en bandeja a los empresarios mano de obra a precio de ganga. Que un parado tenga la obligación de aceptar el empleo aunque sea por días, esté a 30 kilómetros de su domicilio y sólo perciba el salario mínimo (menos de 74.000 pesetas o de 443 euros) y que si se rechaza el 'empleo adecuado' pueda llegar a perder la prestación.

La reforma es especialmente dura para los trabajadores que, tras una larga vida laboral, quedan en paro por una reestructuración, pues incompatibiliza dos de sus derechos: subsidio e indemnización. Es especialmente dura para los fijos discontinuos y a los que se hace contrato de inserción, a los que se priva de prestación. Y es una agresión a los trabajadores eventuales agrarios. El Gobierno pretende la desaparición gradual de su derecho al subsidio y su sustitución por un sistema contributivo de imposible acceso, lo que traerá consecuencias gravísimas en las zonas rurales de Andalucía y Extremadura, principalmente.

Asimismo, defiende un despido más fácil, barato y discrecional y difumina la distinción entre despido procedente o improcedente, al eliminar los salarios de tramitación a los que se tenía derecho cuando un trabajador era despedido injustamente.

El Gobierno ha rubricado su verdadero talante neoliberal y autoritario, su apuesta por un modelo antisocial y productivo donde sólo prima el lenguaje de los números. Avala las posiciones empresariales más retrógradas, que defienden más beneficios y competitividad a costa de precariedad y bajo coste laboral. Su política desequilibra las relaciones laborales, con el consiguiente deterioro de las condiciones de trabajo; merma lo público a favor de lo privado; desprecia la negociación colectiva (ignora las justas reivindicaciones salariales y laborales de los empleados públicos), y se basa en un sistema fiscal regresivo, que incrementa las diferencias.

El Gobierno se ha burlado del diálogo social y es el único culpable de la convocatoria de una huelga que sólo le preocupa porque dice que da mala imagen ante Europa, una Europa cuya concepción se contradice con la del pleno empleo con derechos y protección social.