El PP confía en la presión electoral para forzar a CiU y PSOE a apoyar la reforma
Si se dan por buenas las advertencias lanzadas al Gobierno por el PSOE y Convergència i Unió, habría que certificar la soledad en la que José María Aznar va a cometer la tercera reforma en dos años de la Ley de Extranjería. En este periodo, el Ministerio del Interior ha impulsado cuatro procesos de regularización, no siempre reconocidos formalmente, a los que se han acogido hasta ahora más de 334.000 inmigrantes.
Fuentes de la Delegación del Gobierno para la Extranjería reconocen que los estudios que han comenzado a elaborar sus expertos centran los futuros cambios de la ley en la necesidad de acabar con los procesos extraordinarios de regularización - 'No habrá más', se apunta- y en eliminar la conversión automática de ilegales en legales a través del mecanismo del arraigo, al que hasta ahora han podido acogerse aquellos inmigrantes que han acreditado una permanencia de cinco años en España. Otro aspecto de la reforma será el aumento de penas para los que comercien con personas facilitando su explotación a través de redes mafiosas.
Convergència i Unió tuvo un protagonismo especial en diciembre de 2000 durante la tramitación de la norma vigente, ya que introdujo en ella algunos de los aspectos que el Gobierno pretende ahora rectificar. 'El problema no es que la ley tenga fallos, sino la ineficacia de la Administración al aplicarla', sostiene el diputado nacionalista Carles Campuzano, quien anticipa la oposición de CiU a suprimir el supuesto de arraigo, ya que ello 'condenaría a la ilegalidad a miles de inmigrantes que trabajan en la actualidad en España'.
Este juicio es compartido también por la responsable de Inmigración del PSOE, Consuelo Rumí, para quien no se ha cumplido ninguna de las previsiones anunciadas por el presidente, José María Aznar, cuando defendió la ley en vigor. 'Se ha multiplicado en estos dos años la entrada de inmigrantes irregulares, no han funcionado los convenios bilaterales firmados con otros países, los centros de acogida están saturados y funcionan en condiciones inhumanas y el Gobierno no ha tenido ninguna voluntad política ni tampoco ha hecho esfuerzo económico alguno para afrontar el problema', concluye.
Inseguridad ciudadana
En el PSOE se relacionan los mensajes emitidos hasta ahora desde el Gobierno sobre la nueva reforma de la Ley de Extranjería con el intento de eclipsar los ecos de la huelga general convocada por los sindicatos para el día 20. No obstante, se reconoce que el fenómeno de la inmigración será uno de los asuntos estrella durante la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del año que viene, ligado al de la inseguridad ciudadana.
En el PP se confía en que al PSOE y a CiU les quede al final un estrecho margen de maniobra para oponerse a las reformas en la política de inmigración que se impulsarán en la cumbre comunitaria de Sevilla, dirigidas sobre todo a detener la entrada de ilegales. Las encuestas que maneja el Gobierno demuestran que la inmigración es situada por los ciudadanos en el tercer puesto en cuanto a la escala de preocupaciones y que hay un número nada desdeñable de personas que relaciona el aumento de la delincuencia con el fenómeno migratorio.
En la dirección del PP se espera que se generen en el PSOE profundas controversias en caso de que este partido se mantenga en el discurso de lo 'políticamente correcto', sin tener en cuenta el criterio de los alcaldes y concejales que gobiernan en las comunidades de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde mayores niveles de inseguridad ciudadana se registran y también donde más se da la inmigración ilegal, sobre cuya dimensión no hay sino cálculos aproximados. Sólo durante el año pasado se contabilizaron cerca de 23.000 expedientes de expulsión, de los cuales sólo 4.000 prosperaron. Este dato puede servir de referencia sobre la magnitud del problema.
Marruecos, en cabeza
El país magrebí, con más de 230.000 inmigrantes en España, encabeza la lista de nacionalidades más numerosa. Le siguen de lejos Ecuador, Colombia y Perú. El año pasado, la población extranjera en España aumentó un 23,8% respecto a 2000, año en el que entró en vigor la Ley de Extranjería. Si se compara con 1995, este porcentaje se dispara hasta el 121% (609.287 personas más).
Interior tiene firmados convenios de regulación de flujos migratorios con los países que aportan el 90% de los inmigrantes que residen en España. Entre ellos figuran Ecuador, Colombia, Marruecos y la República Dominicana. Su funcionamiento ha sido muy irregular.
El pasado 21 de diciembre, el Gobierno aprobó para este año un contingente con 32.079 ofertas de empleo, de las cuales 10.884 tienen carácter estable y el resto temporal.