Fomento podrá obligar al concesionario a subcontratar el 30% del valor de una obra

La aprobación de este anteproyecto no ha sido fácil, ya que desde que el Gobierno anunciara su intención de elaborarla hasta su remisión al Consejo de Ministros han transcurrido más de dos años, en los que la futura normativa ha sufrido innumerables cambios, no sólo de nombre, sino también de contenidos.

El proyecto de ley presentado ayer por el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, mantiene el procedimiento de adjudicación, tanto por proceso abierto como restringido, 'siempre mediante concurso y por procedimiento negociado'. No obstante, se introduce la exclusión del procedimiento de las ofertas presentadas por empresas vinculadas. Otra de las novedades más llamativas del proyecto es el mayor control que pretende imprimir a un fenómeno generalizado en el sector de la construcción, como es la subcontratación de los trabajos. Además de limitarla al menos un 30% del valor total de las obras, la futura ley establece que los licitadores podrán incrementar dicho porcentaje, aunque siempre deberán hacerlo constar en el contrato. De hecho, podrán ofrecer la posibilidad a las distintas ofertas que acudan a un concurso que señalen en sus pliegos el porcentaje mínimo que vayan a subcontratar con terceros. Corresponderá al concesionario, en todo momento, el control de la ejecución de las obras que contrate con terceros.

La medida, además de intentar poner coto a la subcontratación, prevé dar entrada en el gran negocio de la obra civil que está suponiendo la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras a las pequeñas y medianas constructoras.

Financiación

En cuanto a las nuevas fórmulas de financiación de las obras, lo más destacable del texto aprobado es que, ante la ausencia de cualquier incentivo de tipo fiscal, los Ministerios de Fomento y Hacienda han optado por rescatar la figura de las subvenciones o ayudas públicas directas que podrán ser aportaciones dinerarias o en especie, realizando la Administración, por ejemplo, parte de la obra o concediendo una cantidad al término de la concesión.

El concesionario podrá ser retribuido también mediante el peaje por aportaciones de la Administración para garantizar unos ingresos mínimos.

Como había adelantado el ministro, con el nuevo modelo de contrato concesional se extenderá a toda clase de obras (menos las de energía eléctrica, telecomunicaciones, gas e hidrocarburos) el uso del peaje en sombra o peaje blando, según el cual el precio por la utilización de la obra puede ser pagado por los usuarios o por la Administración correspondiente en todo o en parte.

Otra nueva alternativa que se contempla ahora es la posibilidad de que las empresas adjudicatarias de una concesión obtengan rendimientos añadidos de las zonas complementarias de explotación comercial, que al quedar integradas en la concesión, están sujetas a control administrativo y revierten por tanto al final de la concesión al Estado. Asimismo, se regulan como mecanismos alternativos de financiación la emisión de obligaciones y otros títulos, la titulización de activos, la hipoteca de la concesión y la concesión de créditos participativos y de préstamos reintegrables con o sin interés.

Otra de las innovaciones que destacó Cascos en su comparecencia ante la prensa después del Consejo de Ministros fue que para licitar posibles concesiones, podrá iniciarse el procedimiento a instancia de personas naturales o jurídicas o de otras Administraciones que se propongan construir y explotar una obra de las reguladas en esta ley, siempre que el solicitante, además de cumplir los requisitos generales establecidos en ella, acompañe su petición del correspondiente estudio de viabilidad. Por último, el titular de Fomento recordó que la norma establece la obligación de restituir el equilibrio económico de la concesión cuando resulte sustancialmente alterado, 'un principio que juega en ambos sentidos'. Es decir, que si los ingresos de las concesionarias son menores de los previstos, la Administración compensará a las empresas, pero si es al contrario, éstas deberán bajar el precio del peaje. Los plazos máximos para las concesiones de construcción y explotación de las obras serán de 40 años, ampliables a 60, y de 20 años en los contratos de explotación, ampliables a 25. Todo ello para tratar de obtener del capital privado 22.834 millones de euros, el 20% del coste del Plan de Infraestructuras.

Habrá ayudas fiscales para las empresas de nueva creación

 

 

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, anunció ayer que el Estatuto de la Nueva Empresa, aprobado por el Consejo de Ministros, se completará con medidas fiscales dirigidas a este tipo de pequeñas compañías, que se incluirán en la próxima Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2003. Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo, Rato concretó que la intención del Gobierno es incluir en la citada ley diversas ayudas fiscales, tales como el aplazamiento del pago de algunos impuestos por parte de las pymes, la aplicación del sistema de cuenta corriente fiscal, supresiones de algunos pagos fraccionados, así como otras medidas tributarias 'que incentiven la acción de los emprendedores'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, señaló que algunas de estas medidas ya se incluyen en la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), como es la supresión del régimen de transparencia fiscal para determinados profesionales, que también formaba parte del paquete fiscal que acompañará al proyecto de Nueva Empresa.

 

 

 

 

 

 

 

El ministro afirmó que este proyecto, que entrará en vigor a finales de este año o principios del próximo, tiene como principal objetivo fomentar el espíritu emprendedor y supone un 'paso sustancial' respecto a los países de la UE en la reducción de plazos para la constitución de nuevas empresas, al reducirse los 30 días de media actuales a tan sólo 48 horas. Por otra parte, el Consejo también aprobó ayer un acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de infraestructura ferroviaria en la variante de Ordes del Eje Atlántico de alta velocidad, con un presupuesto de 54 millones de euros.

 

 

 

 

 

 

 

Además, también se autorizan obras de la autovía de Castilla-La Mancha entre Horcajada de la Torre y Abia de la Obispalía, del término municipal de Torrejoncillo del Rey, en Cuenca, por 42 millones.