Competencia de dos caras
El Tribunal de Justicia de la UE enmendó ayer de plano las estrictas normas sobre la competencia que se vienen aplicando desde Bruselas. El tribunal anuló el veto impuesto por la Comisión Europea a la fusión entre los operadores turísticos británicos Airtours y First Choice en septiembre de 1999. Es el primer fallo en contra de una prohibición de Bruselas. El tribunal europeo señala que las autoridades de Competencia, a cuyo frente acababa de incorporarse Mario Monti cuando se vetó la operación, no tenían suficientes pruebas para frenarla. Un auténtico varapalo, y más si se tienen en cuenta los argumentos empleados por los magistrados para refrendar el fallo.
En primer lugar, sostienen que la Comisión erró al considerar que la concentración permitiría a los grandes operadores unificar políticas comerciales. También acusan a Bruselas de no identificar claramente ni probar la existencia de posibles medidas contra los competidores por apartarse de la línea de acción del pretendido oligopolio que iba a desencadenar la fusión. Por último, estiman que la Comisión Europea cometió un error de apreciación al despreciar la capacidad de reacción de los competidores británicos de Airtours-First Choice, aunque su tamaño fuera mucho menor.
Este contundente argumentario fue respondido inmediatamente por el comisario de la Competencia. Mario Monti manifestó que la sentencia no cuestiona que las normas de competencia deban ser utilizadas contra los oligopolios y señaló que 'algunos parecen olvidar que toda la actividad de la Comisión, como guardiana de los tratados, incluida el área de política de competencia, está sometida a la revisión judicial efectiva de los tribunales'.
Al margen del tradicional pulso entre el poder ejecutivo y el judicial, el fallo crea un precedente para futuras decisiones sobre fusiones en la UE. Además, aviva un debate dominante en Bruselas respecto a si las autoridades de competencia deben relajar su control y combinarlo con el llamado criterio de eficiencia para poder propiciar uniones o acuerdos empresariales que conformen grupos más potentes. Entre las filas del Ejecutivo comunitario domina cada vez más esta idea, pese a que Monti advierte que no está dispuesto a sacrificar la imparcialidad de sus decisiones por favorecer a la industria y sigue fuertemente aferrado a las bondades de la competencia bajo estricto control.
Aunque Monti descarta de plano llegar al modelo estadounidense, en el que son las autoridades las que deben demostrar que una fusión perjudica la competencia, los defensores de que su equipo afloje la mano sostienen que los grandes grupos europeos corren riesgo de perder competitividad frente a los de EE UU. Máxime cuando éstos realizan enormes concentraciones con el respaldo de sus autoridades. La sentencia del tribunal europeo será una privilegiada vara de medir hasta dónde debe llegar una política de competencia efectiva sin poner en riesgo la competitividad.