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Columna
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Después de junio, las rebajas

Víctor Gonzalo analiza la reforma del IRPF. El autor asegura que los continuos cambios en el impuesto perjudican la estabilidad regulatoria necesaria para que los ciudadanos tomen decisiones sobre empleo, inversión y consumo

Este año, los primeros en anunciar las rebajas han sido los políticos. Pero son rebajas de impuestos, no las de los precios de bienes de temporada.

Coincidiendo, oportunamente, con el periodo de presentación de declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), la actividad mediática del Gobierno y de la oposición se centra en cuánto pagaremos menos el año que viene con sus propuestas de reforma de la imposición.

Al paso que vamos, este anuncio de rebajas va ser tan estacional como las que realiza el comercio para liquidar las existencias de la temporada.

Saliendo de las exageraciones, que siempre se deben permitir en un artículo de opinión, sobre la estacionalidad de los anuncios de rebajas de impuestos, hay que reconocer que dos reformas del impuesto sobre la renta de las personas físicas en dos legislaturas consecutivas hablan mal sobre la estabilidad regulatoria sobre la que los españoles toman sus decisiones de empleo, inversión y consumo.

Bajo mi punto de vista, en un mundo ideal, una figura impositiva tan crucial como el impuesto sobre la renta de las personas físicas debería ser muy estable en el tiempo. Esto no ha sucedido en los últimos cinco años en España, en los que se han tenido cambios constantes en el IRPF (tratamiento de las plusvalías en el año 1997, reforma en el año 1999 y proyecto de reforma en marcha para 2003).

Algunas decisiones cruciales de las personas están condicionadas por la definición del impuesto: si un trabajador piensa que los tipos impositivos futuros serán más bajos que los actuales, y está considerando la posibilidad de tomar un año sabático, pondrá el sabático en el momento en el que los tipos impositivos sean más altos, beneficiándose de tipos más bajos en el momento en que vuelva a trabajar.

La repetición de reducciones podría desincentivar la participación en el presente para algunos trabajadores. En cualquier otro de los ámbitos sobre los que influye el impuesto sobre la renta de las personas físicas se pueden encontrar ejemplos en los que la evolución esperada del impuesto condiciona decisiones de los ahorradores y de los trabajadores.

Hay otro asunto todavía más importante que el riesgo regulatorio en lo concerniente a la nueva reforma fiscal: su financiación.

El coste estimado de la reforma, entre 2.400 y 4.800 millones de euros, supone una cantidad nada desdeñable en un horizonte en el que se quiere cumplir con el objetivo marcado en la Unión Europea de estabilidad presupuestaria.

Como en la pasada reforma, la financiación de la que está en marcha parece fiarse al crecimiento económico, pues el aumento de actividad derivado de la propia reforma difícilmente podrá compensar la pérdida esperada en la recaudación.

Esto significa que otras prioridades de la política económica como son la educación, la alfabetización en las nuevas tecnologías, la inversión en investigación y desarrollo, las políticas de empleo o la sanidad, bajo la restricción de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no podrán beneficiarse en los próximos años de los réditos del crecimiento económico. Y en el caso de que no haya crecimiento económico, no sé cómo se va a cumplir con el déficit cero.

En cualquier caso, y pese a darle el nombre de reforma, los cambios en el nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas no van más mucho más allá de una simple rebaja de tipos, una reducción de tramos de la tarifa, algunos cambios en el régimen de tributación y algunas deducciones pensadas para servir, fundamentalmente a la política familiar.

Sus grandes defectos, citados más abajo, apenas se tocan:

Difícil gestión y alto coste fiscal.

Falta de equidad (por ejemplo, en el tratamiento de distintas fuentes de renta, de distintos productos de ahorro, o de las posibilidades de eludir la carga impositiva según el origen y el nivel de renta).

Escasez de incentivos a la participación en el mercado laboral.

Nula justificación de muchas de las deducciones, incluidas las familiares, en el seno de un impuesto.

Frente a la reforma del Gobierno, ya casi firme, está la propuesta del principal partido de la oposición, bastante más radical e imaginativa, pero seguramente mucho más arriesgada en términos de recaudación.

Un tipo único cercano al tipo efectivo del impuesto de sociedades (casi único en realidad), con un mínimo exento, un tratamiento equitativo de las distintas fuentes de renta y una simplificación de las deducciones, colocando todas en la cuota, definen sus características principales.

El impuesto sería probablemente mucho más sencillo de gestionar, a escala nacional y autonómica, distorsionaría menos las decisiones de los agentes, pero, al problema de la pérdida de recaudación habría que añadir pérdida de la progresividad teórica del IRPF.

A estas críticas, se añade una que parece menos relevante. Se refiere al tratamiento de las rentas del capital, peor tratadas que con el actual impuesto. Este tratamiento diferenciado de las rentas del capital en beneficio de las rentas del trabajo parece oportuno, pues resulta sensato estimular la participación en el mercado laboral en un país en el que la tasa de actividad apenas supera el 50% de la población en edad de trabajar.

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