Una huelga 'de psiquiatra'
Muchos días son los que llevamos oyendo hablar de la huelga y de las repercusiones que va a tener sobre el futuro dialogo social entre Gobierno y organismos institucionalizados, también llamados 'agentes sociales'. Durante casi dos legislaturas del actual Gobierno, se ha venido manteniendo una paz social por acuerdos entre aquél y los sindicatos, en beneficio mutuo, pero parece que era necesario romper este estado de armonía, a costa de lo que fuese, ahora que se anuncia un cambio de presidente y que entramos en precampaña electoral.
El cariz que van tomando las declaraciones de unos y otros, apunta a la huelga más salvaje que sufra España en su época democrática. Aquí va a valer todo.
El Gobierno, por un lado, se encarga de poner más difíciles las negociaciones, utilizando decretos, que lo único que consiguen es que oposición, sindicatos y demás se aferren a esa necesidad de huelga general en defensa de sus únicos intereses.
Por otro lado, los sindicatos, que se constituyeron para defender los intereses de sus afiliados, están más pendientes del éxito de una huelga general (se perjudique a quien se perjudique), que de aportar alternativas que defiendan los derechos de los trabajadores a los que representan.
No contentos con ello, se permiten decretos, donde aseguran que no hay que conciliar el derecho a la huelga con el derecho al trabajo de quienes no quieran secundarla, ya que, según manifestaciones de uno de los líderes sindicales, en la huelga general esta distinción no existe (¿no es esto un decretazo?)
Sin entrar en valoraciones políticas, entiendo que cuando los agentes sociales, encargados de aproximar la sociedad civil, sus inquietudes y necesidades a los Gobiernos, pretenden legislar, como en este caso, imponiendo sus criterios a aquellos y no aportando sus alternativas a través de los grupos políticos en todo lo que nos afecta, como es su función, es que estamos llegando a un punto donde no necesitamos ni del Congreso, ni del Gobierno refrendado por un país para gobernar.
Si a esto le añadimos la osadía, que supone el no rotundo a permitir los servicios mínimos de transporte que garanticen el que cualquier ciudadano, libremente, pueda ejercer su derecho al trabajo, pudiendo desplazarse hasta donde realice su actividad diaria, y le sumamos el anuncio, totalmente fuera de lugar, prepotente y antidemocrático, del aviso de piquetes informativos 'contundentes' por parte de las centrales sindicales, que impidan el libre ejercicio democrático del derecho al trabajo, llegaremos a la conclusión que se trata de la primera huelga de psiquiatra de un país que dice llamarse democrático.
Por todo ello, creo que una democracia moderna debería hacer una reflexión lógica y razonada en base a una serie de principios. Primero, sería imprescindible la privatización de unos transportes públicos, necesarios para el libre acceso a los lugares de trabajo, que garanticen unos servicios mínimos y así poder ejercer el derecho al trabajo.
Segundo, sería necesaria una reforma actual y democrática de la legislación sobre la huelga, debiendo ser intransigente con los piquetes informativos coactivos, sancionando a las centrales sindicales que impulsaran éstos. Apuntando, finalmente, una modificación de la ley sindical, poniendo a cada uno en su sitio e impidiendo legal y democráticamente atribuirse funciones que no responden al objeto social de las mismas.
En otro orden, me gustaría dejar clara constancia que, en una huelga general, nunca, ni sindicatos, ni patronal, ni Gobierno son los perjudicados, sino que desgraciadamente el colectivo de empresarios y profesionales autónomos, con más de tres millones de personas, y responsable, a su vez, con sus ingresos, de otros más de 10 millones de españoles, son los que, sin comerlo ni beberlo, van a sufrir los decretazos de esta huelga general de psiquiatra.