El Gobierno obligará a conservar un año los datos digitales de los clientes
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Interior, surge una semana después de que el Parlamento Europeo autorizase a los Estados miembros a imponer ese deber a las compañías comunitarias. El Gobierno ha recogido al vuelo la propuesta aprobada la semana pasada por la Eurocámara sobre el derecho a la intimidad en las comunicaciones electrónicas, que permite a los Estados miembros obligar a las compañías de Internet a conservar los datos digitales de su clientela. La enmienda presentada ayer por los populares en el Senado fija en un año el periodo mínimo durante el cual los datos deben estar disponibles para que las autoridades puedan utilizarlos en investigaciones criminales.
Según la propuesta, que forma parte de un grupo de 21 enmiendas, todo operador de red y proveedor de acceso a una red de telecomunicaciones que preste servicios en Internet “deberá retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio por un periodo de 12 meses”. La información, que se almacenará de manera automática y será conservada bajo estricta confidencialidad, se utilizará únicamente para la investigación de ciberdelitos. Además, el incumplimiento de la obligación de conservar los datos se considerará una infracción muy grave y se castigará con multas de entre 150.000 y 600.000 euros.
La enmienda presentada por el PP, que ha sido impulsada desde el Ministerio del Interior que dirige Mariano Rajoy, no ha sido bien acogida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, principal autor del proyecto. Para el Grupo Popular, sin embargo, la obligación que se impondrá a las empresas se justifica en la importancia que tienen para las investigaciones policiales aspectos como la identificación de los equipos de origen y destino de la comunicación, el tiempo de duración de la conexión y el volumen de datos transmitidos, entre otros. El PP recuerda, además, que la legislación europea “faculta a los Estados para establecer excepciones a las normas de destrucción de datos de tráfico para proteger la seguridad y defensa nacional”.
La obligación de conservar los datos fue rechazada ayer por la Asociación Española de Proveedores de Servicios de Internet (AEPSI), que considera que la medida “pondrá en peligro económico” a muchas empresas de la Red, ya que implicará “unos costes elevadísimos. En opinión de la asociación, en caso de aprobarse la enmienda, ese coste debería ser asumido por el Ministerio de Interior.