La crisis diplomática con Marruecos paraliza los acuerdos de inversión
Mientras el Gobierno español insiste en transmitir mensajes de normalidad en las relaciones hispano-marroquíes, la actual crisis diplomática entre Madrid y Rabat ha empezado a trascender del plano meramente político para convertirse en un serio obstáculo para la normalización de las relaciones económicas y de inversión bilaterales.
Si ya en el inicio del conflicto, tras la no renovación del acuerdo pesquero en abril de 2001, el interés empresarial por el país magrebí disuadió al Gobierno español de paralizar las operaciones económicas pendientes con Marruecos (conversión de deuda y ayudas al desarrollo de infraestructuras), como era su primera intención, la posterior retirada del embajador marroquí en Madrid, de la que en mayo se cumplieron siete meses, ha impedido la renovación de los acuerdos económicos bilaterales pendientes, vinculados especialmente a la inversión.
Así, las negociaciones para la renovación del acuerdo de cooperación financiera entre España y Marruecos, previstas para el mes de octubre del pasado año, se han paralizado y, hasta la fecha, no existen indicios de que puedan iniciarse por la negativa magrebí.
El convenio anterior, firmado en 1996, ponía a disposición de las autoridades de Rabat ayudas financieras del Gobierno español por 150.000 millones de pesetas (901,52 millones de euros), que en gran parte quedaron sin utilizar, al coincidir su vencimiento, en junio de 2001, con las tensiones derivadas del fracaso en la negociación pesquera y de los flujos de inmigración ilegal.
Conversión de deuda
Por otra parte, el Parlamento de Rabat tiene también paralizada la ratificación del Acuerdo sobre Promoción y Protección de Inversiones (Appri), firmado con España el 11 de septiembre de 1997.
Este acuerdo fue ratificado ya por el Legislativo español el 3 de diciembre de 1998 y el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía español, Rodrigo Rato, justificaba recientemente esta demora en la ratificación marroquí, imprescindible para que pueda entrar en vigor, por 'problemas de tramitación y funcionamiento institucional' en Rabat.
Desde el Ministerio de Economía se asegura, sin embargo, que las inversiones españolas en Marruecos siguen protegidas por el acuerdo anterior, de septiembre de 1989, que continúa vigente mientras se ratifica el nuevo.
A pesar de todo, lo cierto es que bien sea por la paralización de los acuerdos, bien por la inseguridad que crea en el empresariado el conflicto diplomático; las inversiones netas españolas en Marruecos registraban una caída del 77% en 2001, situándose en 6,583 millones de euros, frente a 28,983 millones en 2000.
Y ello, a pesar del éxito obtenido en el tercer programa de conversión de la deuda marroquí en inversiones privadas españolas, por importe de 45,2 millones de euros, que entró en vigor en febrero del año pasado y que sólo un año después, en febrero de 2002, se había agotado en su totalidad. Síntoma evidente de la importancia que los empresarios españoles otorgan a Marruecos como destino de sus proyectos en el exterior.
Aunque este descenso de Marruecos no se puede desligar de la caída global de la inversión mundial en 2001 por la recesión económica internacional, como explican los responsables de la Secretaría de Estado de Comercio, tampoco se puede obviar que el retroceso en el país magrebí es prácticamente el doble que la caída global de las inversiones españolas el pasado año (34,1%) y que la normalización de relaciones con Rabat es hoy una de las demandas prioritarias del estamento empresarial.
La garantía soberana, obstáculo en el FAD
Aunque Marruecos continúa siendo un país elegible por la OCDE para recibir financiación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), el informe de ejecución de este instrumento de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas no recoge ninguna operación con el país norteafricano en 2001.
El interés empresarial por el programa de conversión de deuda y el escaso interés del Gobierno marroquí por el FAD español son las causas de esta inexistencia de créditos con destino a Marruecos en el último ejercicio.
Los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio muestran como de los 360 millones de euros (unos 60.000 millones de pesetas) de créditos FAD disponibles para el reino alauí entre 1996 y 2001, sólo se han ejecutado 15,26 millones de euros (2.539 millones de pesetas) correspondientes a tres operaciones.
Por otra parte, el último informe elaborado por la Oficina Comercial de España en Casablanca explica como 'la resistencia de las autoridades marroquíes a aceptar operaciones de financiación exterior para sus proyectos de inversión cuando esta financiación implica la garantía soberana del Reino de Marruecos, con el consiguiente aumento de la deuda externa', es el principal obstáculo para la formalización de proyectos españoles de inversión con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo.
En Marruecos están actualmente instaladas unas 900 empresas españolas que convierten a nuestro país en el segundo inversor extranjero en el país.