El Gobierno pone en marcha el nuevo móvil, que no tendrá clientes hasta 2003
El abismo entre la realidad y los proyectos enunciados desde el Ejecutivo ha instalado el convencimiento en el sector de que el modelo que llevó a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha fracasado. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado en marzo de 2000, puede hoy vanagloriarse de haber conseguido las metas que le planteó el Gobierno en la recta final de la anterior legislativa. Desde el día 3 de abril, España es el segundo país europeo con cinco emisiones comerciales de la televisión del futuro, la digital terrestre. Desde hoy mismo se ha convertido en el primer Estado que cuenta con cuatro redes desplegadas del nuevo móvil multimedia UMTS. Ninguno de estos logros, sin embargo, puede ser aplaudido por los usuarios, ya que no existen en el mercado televisores que permitan disfrutar de las señales de televisión digital ni terminales que permitan comunicarse a través del nuevo móvil.
La realidad de la tecnología y la precariedad de la situación financiera de las operadoras chocan con los calendarios impuestos desde el Gobierno, y han generado un divorcio entre Administración y empresas. En este contexto se enmarcan las reclamaciones de la CEOE, de la patronal de las nuevas operadoras, Astel, o de Retevisión, que esta semana ha exigido un cambio en el modelo de liberalización como única manera de garantizar la supervivencia del sector.
Cuando han transcurrido dos años desde la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cada vez son más fuertes las voces que consideran que el modelo inaugurado entonces ha fracasado.
Forzar la tecnología. Las previsiones del Gobierno han forzado los normales ritmos de desarrollo de la tecnología y han desbordado la resistencia financiera de las iniciativas de la nueva televisión digital (TDT), UMTS, pero también del sistema de acceso vía radio conocido como LMDS. La experiencia de Xfera o la fusión de Neo y Sky Point son buen ejemplo de las consecuencias de esta estrategia.
La creación de nuevas infraestructuras y el lanzamiento de servicios se ha visto también empañado por decisiones polémicas y desincentivadoras de la inversión, según fuentes del sector, tales como la larga disputa por la tasa sobre el espectro radioeléctrico del móvil, el reparto de frecuencias en la televisión digital o la variable política sobre los avales exigidos para ganar los concursos.
Liberalización en peligro. Telefónica, entre los grandes ex monopolios europeos, es el que ha cedido menos cuota de mercado. Este dato pesa tanto en la incipiente liberalización que sus rivales reconocen la incapacidad para mantener viva la competencia. La mortalidad es alta entre las nuevas operadoras y más alarmante aún son los problemas financieros de las que sobreviven. Uno de los ejemplos más recientes es Quiero, que hoy mismo reduce al mínimo su servicio.
La ministra Anna Birulés tuvo un papel fundamental en su creación, desde su puesto directivo en Retevisión, y se ha tenido que convertir en simple espectadora en el momento de su muerte.
Continuidad del ministerio. Ciencia y Tecnología ha centrado buena parte de su actividad en las telecomunicaciones, sin asumir las funciones de la extinta cartera de Industria. El cierre masivo de plantas industriales en España por la crisis de las tecnológicas, unido a las críticas del resto de las industrias, ha creado un clima de opinión que exige el regreso de un interlocutor con competencias y una auténtica política industrial. Birulés ha mejorado las relaciones que su antecesor, Rafael Arias-Salgado, mantenía con Telefónica. El resto de las operadoras la acusan de plegarse a los deseos del ex monopolio. Por contra, Ciencia y Tecnología ha vivido en pugna permanente con la CMT.
Escasa producción normativa de una cartera recién creada
Cuatro normas con rango de ley resumen toda la aportación legislativa que en sus dos años de vida ha aportado un ministerio que nació para hacer frente a la realidad social del avance de la ciencia y la tecnología. De hecho, se trata de una única ley (de fomento y promoción de la cinematografía y del sector audiovisual), de dos modificaciones de ley (sobre producción de la investigación y sobre patentes) y un real decreto-ley (sobre medidas urgentes de telecomunicaciones).
Como contrapunto, el departamento de Anna Birulés no ha sido capaz de sacar adelante una ley sobre la sociedad de la información, que aún está en trámite en el Senado, y otra norma sobre firma electrónica, que todavía no ha iniciado su trámite parlamentario.
Birulés tiene también pendiente la redacción de una nueva ley general de telecomunicaciones que incluya las directivas europeas y que debe sustituir a la que se encuentra en vigor. Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que el Ejecutivo también está preocupado por la marcha del ministerio y que altos cargos de Economía han comenzado a seguir de cerca su evolución.
El ministerio tomó como bandera durante estos años la realización de un macroprograma de iniciativas denominado Info XXI. El plan ha sido presentado con amplio despliegue en varias ocasiones y ha logrado popularizar la tarifa plana de Internet. Sin embargo, se ha mostrado incapaz de articular fórmulas válidas para la introducción masiva del ordenador en hogares y escuelas.
Otra crítica que hace el sector es el carácter más político que técnico de los nombramientos de Birulés. El mejor ejemplo es Borja Adsuara, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que dejó su puesto por carecer de la formación necesaria. Un real decreto ha venido a solventar la situación, pero el sindicato de funcionarios Astic ya ha anunciado un recurso.