El Defensor del Pueblo pide beneficios para la mujer que no tributa
El nuevo impuesto baja el tipo máximo del 48% al 45%, y el mínimo del 18% al 15%. El número de tramos se reduce de seis a cinco, y las plusvalías generadas en más de dos años pasarán a tributar al 15%.
Se amplían las deducciones por personas a cargo (ascendientes, descendientes y minusválidos) y se crea una nueva deducción (100 euros al mes) para madres trabajadoras con hijos menores de tres años.
Es esta última medida la que centra la atención del Defensor del Pueblo, ya que considera que ¢no cumple el objetivo de incrementar la natalidad, ya que deja fuera a muchas mujeres que no están incorporadas al mercado laboral, dada la tasa de desempleo femenino¢.
En este sentido, pidió ayer al Gobierno que los beneficios que la reforma concede a las mujeres que trabajan y cotizan a la Seguridad Social se apliquen por otras vías al resto de mujeres para no generar discriminación.
Desde Hacienda se recuerda que existe otra deducción (1.200 euros) adicional aplicable a todas las madres con hijos menores de tres años, trabajen o no.
El Gobierno calcula que la reforma tendrá un coste recaudatorio de 3.600 millones de euros, que sería compensado parcialmente por el aumento de ingresos de otros tributos fruto de la mayor actividad económica. La mayor parte del coste recaudatorio la asumirá el Estado. Las comunidades sólo se harán cargo de una parte, derivada de las mayores desgravaciones fiscales, dejando la rebaja tarifaria al Estado.
Con todo, el descenso en el número de tramos y el reajuste tarifario obligan a Hacienda a elevar del 33% al 36% la participación efectiva de las comunidades autónomas en la recaudación del IRPF. Con ello, las CC AA se repartirán cerca de 12.000 millones de euros anuales, procedentes de la recaudación del impuesto.
El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Ejecutivo, aprobó el miércoles un dictamen en el que valora positivamente el borrador de la reforma pero realiza una serie de sugerencias para su mejora. Entre ellas, advierte que la reforma no favorece la neutralidad del ahorro a largo plazo pretendida por el Gobierno al potenciar unos activos financieros (los fondos de inversión, a los que elimina el peaje fiscal por el trasvase de unos a otros) sobre otros activos.
El CES cree que la memoria económica de la reforma no tiene en cuenta el efecto de la inflación sobre la tarifa del impuesto y la consiguiente pérdida de ahorro para los contribuyentes. El CES solicita también que se amplíen las reducciones por personas a cargo y se amplíe el periodo para compensar pérdidas y ganancias patrimoniales en el IRPF. Por su parte, el grupo de expertos designados por el PSOE plantea una alternativa a la reforma del Gobierno que pasaría por la aplicación de un tipo único, en torno al 27%, más otro complementario, cercano al 41%, para las rentas más altas, y otros cambios mayores.