El Gobierno justifica el uso del decreto por la crisis del mercado laboral

En un ambiente menos tenso del que se esperaba, el secretario general de Empleo, Juan Chozas, y los responsables de empleo de CC OO, Lola Liceras, y de UGT, Toni Ferrer, debatieron ayer en público sobre la reforma del desempleo decretado por el Gobierno durante un almuerzo organizado con periodistas.

El debate giró más sobre la forma (el uso del real decreto) que sobre el fondo, salvo algunas excepciones sobre la eliminación de los salarios de tramitación y la situación de los trabajadores fijos discontinuos, sobre lo que también se discutió.

En este marco, Chozas defendió firmemente la utilización de un real decreto de medidas urgentes para tramitar la reforma por desempleo, porque el Gobierno así lo ha estimado en función de las carencias estructurales del mercado de trabajo. Se defendió así de las críticas vertidas al Ejecutivo por acometer una reforma de este calado cuando el Inem, lejos de atravesar una crisis económica como la que provocó la reforma de 1992, que generó otra huelga general, se encuentra en una situación de abultado superávit. 'La Constitución no señala en ningún sitio que deban argumentarse razones económicas para usar un decreto, sino que debe ser el Gobierno el que determine la urgencia de las medidas a tomar', justificó Chozas.

Es más, precisó que los malos datos macroeconómicos registrados en lo que va de año no han influido en absoluto en la decisión del Gobierno de sacar adelante este decreto, sino que ha obedecido a las 'carencias del mercado laboral'.

Respecto al aspecto formal del conflicto, Liceras (CC OO) también se defendió de la acusación del Gobierno a los sindicatos por hacer una huelga política, al precisar que 'tan política o laboral es una huelga como un acuerdo firmado en La Moncloa, y de esos hemos firmado muchos'.

Pese a mantener insistentemente la tesis del Gobierno de que la reforma no recorta las prestaciones, el representante del Ministerio de Trabajo admitió que si bien no hay recortes en el 'esquema general del sistema', sí puede haberlos en algunos casos concretos, aunque indicó que en otros casos habrá aumento del gasto, por lo que el resultado final da una reforma equilibrada.

Aspectos positivos

A esto, los sindicatos contestaron que el problema es que los recortes del gasto en prestaciones se emplea en una 'excesiva asistencialidad' a las empresas vía bonificaciones.

Chozas resaltó otros aspectos, a su juicio, positivos de la reforma, como la eliminación de los salarios de tramitación, argumentando que esta medida aumentará el uso de los contratos indefinidos, 'porque se simplifica su gestión, ya que los empresarios no tendrán que acudir a los juzgados cuando despidan a un trabajador'. Esto fue interpretado por los representantes sindicales no como una simplificación de la gestión, sino como una pérdida de garantías del trabajador despedido y como un claro abaratamiento del coste del despido para el empresario.

Otra de las medidas del decreto para combatir la temporalidad esgrimidas por Chozas y que no ha sido muy comentada hasta ahora fue la habilitación al Inem para que denuncie de oficio ante magistratura los casos de abuso de contratación temporal que detecte en sus registros.

La nueva regulación de los trabajadores fijos discontinuos protagonizó uno de los momentos más acalorados del debate. Chozas aseguró que el decreto se ha limitado a elevar a rango de ley una orden ministerial derivada de la última reforma laboral de abril de 2001, mientras que Liceras aseguró que no hay una nueva regulación, 'simplemente desaparece, por ley, la figura del fijo discontinuo a llamada cierta', que pasan a ser trabajadores a tiempo parcial indefinido, con lo que en las épocas de suspensión de empleo no cobrarán desempleo.

Esta situación generará, según denunció Ferrer, mayor precariedad laboral porque los trabajadores preferirán ser eventuales para poder cobrar el desempleo en esas épocas de suspensión temporal de empleo.

La reforma de 1992

En línea con las críticas a la urgencia empleada por el Gobierno en esta reforma, el PSOE justificó, por razones económicas, la reforma del desempleo que hizo el Ejecutivo socialista en 1992.

Por aquel entonces el desempleo creció más de la cuenta como consecuencia de la crisis económica, y el diseño del sistema de protección era 'excesivo'. Ambos factores dispararon el gasto en prestaciones a más de dos billones de pesetas.

'Este no es el caso actual', indica el informe del PSOE, 'aunque está aumentando el desempleo alarmantemente, no existen dificultades de financiación'. A diferencia de la actual reforma, según el PSOE, aquélla no abarató el despido, ni dejó sin protección a los fijos-discontinuos. Por ello, los socialistas anunciaron que elaborarán una alternativa a la reforma del PP.