Los usuarios de las plataformas exigen al Gobierno un proceso inmediato para adjudicar las frecuencias de Quiero
La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) consideró hoy que el Gobierno debe abrir "de forma inmediata" un proceso para una nueva concesión de las frecuencias de los 14 canales de pago de Quiero TV, una vez que la plataforma ha decidido cancelar su actual oferta.
La AUC señaló en un comunicado que puede optarse por la convocatoria de un nuevo concurso, "con el fin de asegurar una mayor pluralidad de oferta en este mercado", o por el reparto de las frecuencias entre los operadores de TDT existentes, "que podrían aumentar así su ancho de banda".
En el caso de que Quiero TV llegue a un acuerdo con los operadores de televisión digital por satélite para el traspaso de abonados, la AUC afirmó que esta operación debe tener en cuenta los derechos adquiridos por los abonados de Quiero, entre ellos la negativa a dicho traspaso, así como la situación de los abonados que además fueran ya clientes de dichas plataformas de satélite. Asimismo, advirtió que "debe evitarse cualquier agravio comparativo para los actuales abonados a Vía Digital y Canal Satélite Digital".
En opinión de la AUC, debe encontrarse una fórmula que permita a los actuales abonados mantener sus descodificadores o sustituirlos por otros para asegurar la recepción de los canales de televisión digital terrestre en abierto, tanto actuales (TVE, Tele 5, Antena 3) como futuros. En este sentido, recordó que en junio deben comenzar a emitir dos nuevas plataformas gratuitas: Veo TV y Net TV, que no podrán recibirse sin esos descodificadores.
Avales
Por otra parte, la Asociación de Usuarios de la Comunicación señaló que si Quiero opta por la suspensión de pagos y el cierre de las emisiones, el Gobierno debe ejecutar el aval de 34 millones de euros depositado por la plataforma cuando ganó la licencia en 1999 "con el fin de proteger los derechos adquiridos no sólo por los proveedores, sino también por los abonados".
La AUC reclamó un replanteamiento "en profundidad" del mercado de la televisión digital y de su viabilidad económica "con el fin de evitar distorsiones que acaban perjudicando a los consumidores". En este sentido, se mostró partidaria de una política de ayudas y subvenciones a los usuarios.