El límite de la competencia
La Comisión Europea dio ayer una señal de que está empezando a escuchar las crecientes presiones para que modere el maximalismo de algunas de sus iniciativas. El fracaso de algunos de sus proyectos emblemáticos, como la armonización de la legislación sobre las ofertas públicas de adquisición de acciones (opas), o la polémica creada por algunas de sus decisiones más arriesgadas (la prohibición de la fusión de Volvo y Scania es un ejemplo) han acabado por obligar al Ejecutivo que preside Romano Prodi a reconsiderar sus posturas. El punto más alto del enfrentamiento entre Bruselas y ciertas capitales de la UE se alcanzó el pasado 29 de abril, cuando el canciller alemán, Gerhard Schröder, convocó a Prodi y sus principales comisarios a una cena que dejó el regusto a disputa por la estricta política comunitaria en materia de competencia. Desde entonces, el tono de la Comisión ha cambiado.
Ayer, el comisario de Empresa y Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, uno de los convocados a la cita con el canciller, aprovechó la presentación del informe anual sobre competitividad para dedicar un capítulo entero al impacto económico y social de la política de competencia. La Comisión parece percibir que su batalla por un mercado único sin distorsiones no debe olvidar la competitividad global de la economía europea. Como apunta Liikanen, hay que asegurar un mercado competitivo, pero también con actores europeos. Las ayudas de Estado, una de las bestias negras del comisario de Competencia, Mario Monti, son tan dañinas cuando se destinan a sectores obsoletos como beneficiosas cuando incentivan la innovación tecnológica.
La Comisión recordó ayer que en EE UU las ayudas de Estado no pasan el examen de las autoridades de competencia. El incipiente mercado único europeo quizá no permita aún llegar tan lejos, pues las distorsiones entre norte y sur, y este-oeste en el futuro, podrían acentuarse. Pero sí hace falta que se reconozca el papel que corresponde a la iniciativa pública para llegar donde no llega el capital privado. El sector aeroespacial y la política de investigación y desarrollo son los ejemplos más patentes de áreas en que la semilla del capital público puede fructificar. Quizá convenga recordar que el sistema estadounidense de navegación por satélite, con el que aspira a competir el proyecto europeo Galileo, fue financiado con dinero público sin que ningún defensor del libre mercado se rasgara las vestiduras.
El documento aprobado por la Comisión, enmarcado en la tradicional pelea entre los responsables de Empresa y los de Competencia de cualquier Ejecutivo, también enfatiza la necesidad de equilibrar el rigor en el control de las fusiones y acuerdos empresariales con la necesidad de no impedir que las empresas europeas alcancen un peso específico que les permita sobrevivir en el mercado global. Dar un paso atrás en una política de competencia en todo el mundo es realmente peligroso. Pero también lo es que las empresas europeas pierdan competitividad frente a las estadounidenses.