Contra la ley seca
Desde hace unas semanas circula por numerosas mesas un anteproyecto de ley, con el título de Prevención del consumo del alcohol, que en los medios de comunicación se ha denominado, con gran acierto, como anteproyecto de 'ley seca'. A este respecto, parece lógico que se conozca la opinión de quienes tenemos la responsabilidad de defender la bebida espirituosa más importante de España, cosa que desde los promotores del anteproyecto no se ha hecho.
El asunto se presta a una fácil demagogia y simplificación (dado el rechazo generalizado que cualquier persona sensata siente hacia el llamado botellón), corriéndose el riesgo de que un anteproyecto -que se autotitula 'de prevención'- se convierta, con unas prisas inusitadas, en proyecto y luego en ley -realmente prohibicionista- sin el suficiente análisis y con la misma falta de consideración que se ha tenido con los sectores implicados (empresas elaboradoras, bodegas, distribuidores, agencias de publicidad, bares, etcétera) a la hora de abordar esta cuestión.
Y la verdad es que la opinión pública debiera ser más consciente de lo que se trata. En realidad, somos todos los ciudadanos de este país -tanto consumidores como no- los verdaderamente afectados.
Una sociedad moderna no debe ser tratada como menor de edad y sin tener en cuenta que es fundamentalmente educación y responsabilidad -aprendida en la familia y en las escuelas- lo que se precisa en esta materia, como en tantas otras. Y no leyes que, lamentablemente, son luego muchas veces las propias Administraciones públicas las primeras en incumplir.
¿Por qué, por ejemplo, no se ha exigido en tantos y tantos casos por parte de las Administraciones el cumplimiento de la legislación vigente en relación con el lamentable fenómeno del botellón?
El caso es que estamos ante un anteproyecto de norma que establece numerosas prohibiciones y restricciones al consumo de bebidas con alcohol -y, por supuesto, también a su venta, dispensación, publicidad, promoción, etcétera-, sin el menor respeto al absolutamente mayoritario numero de consumidores equilibrados y sensatos que saben disfrutar, sin problemas de ningún tipo, de alguna de las magníficas bebidas con alcohol de las que afortunadamente podemos consumir en nuestro país (sean éstas cervezas, vinos o bebidas espirituosas).
Confundir a la opinión pública vendiendo que se trata de prevenir el abuso (cosa en la que todos estaríamos de acuerdo) para realmente prohibir y poner mil impedimentos al consumo es, cuando menos, un fraude. No comprendo cómo se ha dejado en manos del más rancio fundamentalismo antialcohol el enfoque y la redacción de una norma de tanta trascendencia. En todo caso, conviene destacar que es el sector el primer interesado en la adopción de medidas adecuadas -y, sobre todo, en lograr que las Administraciones actúen en consecuencia- para evitar el consumo abusivo o inadecuado de bebidas con alcohol, su consumo por parte de menores de edad y por quienes hayan de conducir.
Yademás es el propio sector el que demanda que esto sea así y se persiga seriamente su incumplimiento, al tiempo que se manifiesta absolutamente a favor de reforzar las medidas educativas y de prevención que favorezcan esta finalidad.
De hecho, existe ya una serie de importantes proyectos puestos en marcha a este respecto por la Fundación Alcohol y Sociedad, que van a favorecer que todos los más directamente involucrados (Administraciones, sector, medios de comunicación...) puedan hablar con más seriedad y rigor sobre una materia que se presta fácilmente a ser abordada desde la demagogia o la simplificación.
En lo que de ninguna manera estamos de acuerdo es en que se prohíba o se impongan absurdas restricciones al consumo, dispensación y venta de ningún tipo de bebida con alcohol, fuera de los tres supuestos anteriores. Y no lo estamos no sólo por razones obvias o por las ciertamente importantes de orden cultural, sino sobre todo porque somos un sector empresarial con una actividad plenamente lícita y legal que genera un altísimo nivel de valor añadido y bienestar económico y social a miles de ciudadanos de nuestro país, que sabe del nefasto resultado que para los ciudadanos de otros países han tenido experimentos de este tipo.
Las inadecuadas y en muchos casos absurdas medidas que contempla el anteproyecto parten de un supuesto equivocado -equiparar abuso y consumo- y suponen, entre otras cosas, un grave atentado contra la libertad de empresa, de expresión y de información. Sin olvidar que pueden propiciar el crecimiento del consumo marginal y de productos sin garantías adecuadas de calidad. Justo lo contrario de lo que se debería pretender.